Casi 90% de detenidos en El Salvador sigue sin condena

La Fiscalía General de El Salvador informó este martes, durante una reunión en el Congreso, que cerca del 90 % de las 93.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción aún no ha recibido sentencia. El fiscal general Rodolfo Delgado explicó que la institución registra poco más de 10.500 condenas, por lo que la mayor parte de los casos sigue en espera de un fallo.

Delgado aclaró que esas cifras solo incluyen los expedientes que ya llegaron a la etapa de juicio y expresó la expectativa de que el número de sentencias aumente con el tiempo. Según el funcionario, las condenas van desde delitos de menor gravedad hasta homicidios y violaciones múltiples cometidos por pandilleros, aunque no precisó qué delitos componen el balance. También reportó 13 condenas a cadena perpetua por pertenencia a organizaciones terroristas, homicidios y feminicidios, además de 244 absoluciones y 10 sobreseimientos.

El régimen de excepción lleva cuatro años vigente y fue impulsado por el presidente Nayib Bukele como parte de su ofensiva contra las pandillas. El gobierno sostiene que esa estrategia redujo la criminalidad a niveles históricamente bajos. Sin embargo, organizaciones humanitarias denuncian arrestos arbitrarios, abusos, más de 500 muertes en prisión y la existencia de miles de personas detenidas sin comunicación con el exterior y sin haber sido llevadas a juicio.

La organización Socorro Jurídico sostiene que una tercera parte de los detenidos bajo este régimen es inocente. Por su parte, Bukele reconoció que su gobierno liberó a unas 8.000 personas, aunque no aclaró si todas ellas siguen vinculadas a procesos judiciales. Funcionarios de su gabinete calificaron esas liberaciones como parte de un "margen de error" en las capturas.

La semana pasada, el mandatario anunció que evalúa una liberación anticipada y condicional de unos 5.000 colaboradores "ocasionales" de las pandillas. Según dijo, los beneficiarios serían seleccionados por su grado de colaboración y podrían integrarse al programa penitenciario "Cero Ocio", que ofrece beneficios a cambio de trabajo en obras públicas. Grupos humanitarios cuestionan que se castigue la colaboración sin considerar la coerción que ejercían los pandilleros, y señalan que la decisión recaería en una comisión del gobierno y no en la justicia, lo que, a su juicio, evidencia una falta de independencia entre los poderes del Estado.