Reforma electoral propone que el presidente de cada partido sea su representante legal

Las reformas al Código Electoral que se discuten en la Asamblea Nacional buscan que la representación legal de un partido político recaiga, por mandato de la ley, en la figura del presidente de la colectividad. La propuesta todavía está en discusión y no ha sido aprobada.

Según el análisis que plantea la discusión, el cambio tendría un efecto directo sobre el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Quienes lo cuestionan afirman que, al quedar en manos del presidente, la representación legal permitiría un control total sobre los fondos que el Estado entrega a esa colectividad mediante el subsidio electoral.

Los críticos citan el artículo 138 de la Constitución, que establece que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos deben fundarse en principios democráticos. De ahí concluyen que la decisión sobre quién representa al partido debe corresponder a sus miembros. Asimismo, señalan que los artículos 100 y 101 del Código Electoral, que la reforma pretende modificar, dejan en manos de los estatutos, aprobados o cambiados por los inscritos, la definición de esa representación.

En particular, la reforma buscaría eliminar el numeral 10 del artículo 101, que regula el manejo de las cuentas y los contratos. Para los opositores a la medida, obligar por ley a que esas funciones recaigan exclusivamente en el presidente del partido sería una afectación directa a la autonomía de las colectividades.

Del otro lado, los críticos sostienen que la protección de los fondos públicos no depende de esta figura, sino de auditorías estrictas y de la fiscalización del Tribunal Electoral. Advierten que quien tiene la representación legal firma contratos, maneja el subsidio y tiene la última palabra en los tribunales, por lo que la medida podría dejar sin herramientas a las bases y a los militantes disidentes.

Si la reforma avanza, la Corte Suprema de Justicia tendría que pronunciarse sobre su constitucionalidad. Los cuestionamientos piden que el alto tribunal actúe como guardián de la Constitución y frene lo que consideran un golpe a la libertad de asociación política y a la democracia interna de los partidos.