Cómo funcionan los límites de tiempo y los controles de la acción penal en Panamá

La acción penal es la facultad que tiene el Estado para perseguir y llevar ante los tribunales las conductas que afectan derechos fundamentales de las personas y que están descritas como delitos en el Código Penal. En un Estado constitucional y democrático de derecho, esa potestad la ejerce el Ministerio Público ante tribunales penales previamente constituidos por ley.

El texto recuerda que los jueces penales deben proteger los derechos de las personas señaladas como responsables de un delito, y también hacer valer el derecho de las víctimas y de la sociedad a recibir una respuesta jurídicamente legítima. En Panamá, según el análisis, el ejercicio de la acción penal tiene límites de tiempo y controles jurisdiccionales que buscan que la justicia llegue a tiempo.

Un proceso penal puede empezar con una denuncia o con una querella presentada por la víctima. Cuando el delito se persigue de oficio, el Ministerio Público puede abrir la investigación por iniciativa propia.

La fase de investigación preliminar corre desde la comisión del delito hasta que se cumple el plazo de prescripción de la acción penal, según el artículo 116 del Código Procesal Penal. De manera general, ese plazo equivale al máximo de la pena que puede imponerse, por lo que a mayor gravedad del delito, más tiempo tiene el Ministerio Público para acreditarlo e identificar a los participantes. Si el tiempo pasa sin evidencias ni vínculos con alguna persona, la causa prescribe y no se llega a esclarecer lo ocurrido.

El autor señala que las diligencias de investigación pueden afectar derechos fundamentales. Para controlar esa actuación, el Código prevé que la defensa pida, cuando haya posible afectación de bienes o de la libertad, que la persona sea vinculada formalmente al proceso mediante la formulación de la imputación. Una vez admitida por un juez de garantías, el Ministerio Público tiene un máximo de seis meses para completar la investigación, salvo que el caso sea complejo, y luego presentar la acusación, que lleva al juicio oral.

La duración de la investigación depende de la gravedad del delito y de la posibilidad de que la persona afectada acuda a los tribunales para defender sus derechos y precisar ese plazo. El texto menciona como ejemplos de delitos graves el homicidio, la corrupción pública y el blanqueo de capitales, cuya investigación exige mucho tiempo y recursos del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Por último, el autor advierte que cualquier reforma al régimen de la fase preliminar debe evitar incentivos que favorezcan la impunidad y hagan imposible esclarecer delitos graves de interés para la sociedad.