Comisión aprueba en primer debate redistribución de $450.8 millones del Presupuesto 2027

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el 26 de octubre, en primer debate, el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. El pliego incluye una redistribución de $450.8 millones y cambios normativos que extienden el grupo de autoridades autorizadas a viajar en clase ejecutiva en misiones oficiales. La comisión también recomendó al pleno dar segundo debate al proyecto de ley 644.

Según el informe de la comisión, el monto global de $35,111.7 millones, presentado en julio, se mantiene. Los aumentos se compensan con disminuciones por la misma cantidad, de modo que el total previsto no sube.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la institución con mayor incremento, de $89.2 millones, de los cuales $22.5 millones son para funcionamiento y $66.7 millones para inversión. El Ministerio de Obras Públicas recibe $57.8 millones y el Cuerpo de Bomberos, $55.9 millones, en ambos casos con la mayor parte destinada a inversión. Transporte Masivo de Panamá suma $27 millones, el Ministerio de Salud $25 millones y la Asamblea Nacional $23 millones. En el caso del Legislativo, el aumento se concentra en funcionamiento y eleva su presupuesto de $97 millones a $120 millones.

Para equilibrar estos ajustes, el cuadro prevé una reducción de $416,683,065 en el servicio de la deuda pública, partida que cubre capital, intereses y otras obligaciones de préstamos. También se rebajan $15.4 millones al Ministerio de Educación, con $11 millones en funcionamiento y $4.4 millones en inversión. En la Autoridad Nacional de Descentralización se trasladan $18.2 millones de funcionamiento a inversión, y al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) se pasan $517,843 de inversión a funcionamiento.

En el terreno normativo, el artículo 302 incorpora a embajadores, gerentes generales de empresas públicas, determinados superintendentes y administradores generales de instituciones descentralizadas como autoridades que pueden viajar en clase ejecutiva. Para ellas se mantiene la condición de que el trayecto supere las tres horas. Las excepciones para el presidente y vicepresidente de la República, y para los presidentes de los órganos legislativo y judicial, se conservan. Quienes no estén incluidos deberán viajar en clase económica y pagar de su bolsillo cualquier categoría superior.

La reforma al artículo 306 permite que el MEF gestione directamente, a través del Tesoro Nacional, los pagos derivados de sentencias judiciales y laudos arbitrales firmes, con cargo al presupuesto de la institución que originó la controversia, sin necesidad de solicitud o autorización previa de esa entidad. La propuesta de julio ya contemplaba el uso de partidas de la institución demandada, pero ahora el ministerio puede autorizar y tramitar los pagos directamente con las asignaciones disponibles. Si no alcanzan, se podrán usar traslados de partidas o créditos adicionales.

Otro cambio, en el artículo 329, fija un plazo máximo de 15 días hábiles para que el Sistema Nacional de Inversiones Públicas resuelva las solicitudes, siempre que las entidades hayan presentado toda la documentación. Si vence el plazo sin respuesta, la solicitud se considerará aprobada y se otorgará un código preliminar para seguir el trámite mientras concluye la evaluación. Además, el artículo 350 exige factura y gestión de cobro para registrar los gastos devengados por servicios básicos.

La aprobación en comisión corresponde solo al primer debate. El proyecto debe pasar al pleno, y varios diputados indicaron que todavía no hay fecha para el segundo debate, aunque el pleno quedó habilitado para sesionar el viernes 30 y el sábado 31 de octubre.