Columnista denuncia uso de recursos humanos para perseguir a críticos del Estado

Una columna de opinión denuncia que, en Panamá, las oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas estarían siendo utilizadas para castigar a funcionarios que critican al gobierno. Según el autor, la sanción suele llegar con apariencia administrativa, por ejemplo mediante un memorando con membrete oficial que invoca el Código de Ética de los Servidores Públicos y anuncia una destitución.

El texto sostiene que una sanción laboral solo es legítima si existe una conducta previamente tipificada, una investigación imparcial, acceso al expediente, derecho a defenderse y una decisión motivada. Cuando esas garantías faltan, el procedimiento, a juicio del autor, deja de corregir una falta y pasa a crearla. Añade que, si la conducta cuestionada es una opinión, como la de un médico que critica pensiones, falta de insumos o la gestión de una reforma, la respuesta debe ser el debate y no el despido.

La columna describe lo que llama un método de tres pasos: presentar al crítico como agitador o peligroso, justificar su castigo como una limpieza institucional y dejar que las redes sociales difundan su caída. Según el autor, este proceso produce autocensura entre los demás funcionarios, aunque nadie prohíba escribir de forma directa.

Para respaldar su argumento, el texto recurre a antecedentes históricos, entre ellos la persecución de impresores en Inglaterra entre 1715 y 1744, los casos de 1693 y 1719 contra editores de panfletos y la censura durante la dictadura militar panameña contra educadores, universitarios y movimientos sociales. También menciona el Varelato, período en el que, según el autor, quienes hoy gobiernan denunciaban la falta de libertad de prensa.

El columnista advierte que el uso del código como mordaza debilita al Estado y erosiona la confianza ciudadana, y señala que el tema podría volver a debatirse con fuerza en las próximas elecciones de 2029.