Caso PPC: reserva del sumario continúa mientras se espera ampliación de auditoría

La investigación sobre la concesión que Panama Ports Company (PPC) mantuvo hasta febrero pasado lleva más de un año en reserva en el Ministerio Público (MP). Mientras tanto, el caso espera que la Contraloría General de la República entregue una ampliación de la auditoría que pidió la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad.

Según el MP, la Contraloría todavía no ha remitido esa ampliación, que podría revelar nuevos hallazgos sobre presuntas irregularidades de PPC en el manejo de la concesión portuaria. La concesión se otorgó mediante el contrato ley 5 de 16 de enero de 1977 y fue renovada en junio de 2023.

La primera auditoría de la Contraloría sirvió de base para que el MP iniciara diligencias por posibles delitos contra la administración pública, que habrían causado una lesión millonaria al Estado. La investigación se abrió de oficio en abril de 2025 y pasó a reserva en agosto del mismo año. Hasta ahora no hay personas imputadas ni se ha presentado acusación. El caso está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, sección de causas de Alta Complejidad.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia tramita un amparo de garantías constitucionales que pide suspender la reserva. El expediente está en el despacho de la magistrada Ariadne García. El amparo no lo presentó PPC, sino Atlantic Centroamérica S.A., empresa mencionada en la investigación que prestaba servicios de logística dentro del puerto concesionado, aunque no tenía contrato directo con el Estado. Esa firma sostiene que, al desconocerse los hallazgos, se ha visto afectada, y denuncia que oficios enviados a bancos sobre empresas investigadas le han causado inconvenientes, como el cierre de algunas cuentas.

Los antecedentes se remontan a enero de 2021, cuando Roberto Ruiz Díaz presentó la primera denuncia para investigar la renovación del contrato de PPC. Esa denuncia fue archivada inicialmente, pero tras declaraciones del contralor Anel Flores, el MP pidió reabrirla y un juez de garantías la acogió.

Flores afirmó que el Estado dejó de percibir $1,337 millones durante casi tres décadas en las que PPC operó Balboa y Cristóbal. Según el contralor, la empresa incumplió sus obligaciones y manipuló información financiera para no entregar lo que le correspondía al Estado. También subcontrató a otras firmas para prestar servicios en su área de concesión, sin que el Estado recibiera un porcentaje de esos ingresos.

Tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de concesión, la Autoridad Marítima de Panamá entregó de forma temporal Balboa a Maersk y Cristóbal a MSC. PPC, filial del consorcio hongkonés CK Hutchison, respondió con un arbitraje internacional contra Panamá por $1,500 millones.