Advierten que la mano dura contra pandillas se usa también contra sindicatos y opositores

Un análisis de opinión advierte que el endurecimiento de la política de seguridad, presentado como una lucha contra el crimen, podría extenderse a otros grupos. Según el texto, el Gobierno construye una cárcel de máxima seguridad, aísla a cabecillas de pandillas, usa drones y endurece el régimen penitenciario. El plan se presenta como de «fuerza mayor», y la prensa lo describe como «bukelización», un modelo que reduce las garantías ciudadanas en nombre de un estado de excepción.

El columnista sostiene que la misma lógica ya se aplica contra el Suntracs. Menciona allanamientos, órdenes de captura, el exilio de su secretario general y un proceso judicial que busca disolver al sindicato. Recuerda, además, que en 2010, cuando un ministro de Seguridad no identificado en el texto ordenó reprimir la huelga bananera de Changuinola, hubo dos muertos y decenas de heridos, algunos con lesiones oculares permanentes.

El texto también critica el uso de capuchas por parte de agentes en allanamientos. Señala que el Código Procesal Penal solo admite el anonimato como excepción vigilada por un juez. Como antecedente, cita el corte de la telefonía celular en San Félix en 2012, durante una represión.

Sobre la minería, el análisis indica que una comisión entregó un informe con auditoría favorable y que la decisión final quedó en manos del Ejecutivo, que se niega a someterla a la Asamblea Nacional. Según el autor, esto ocurre en un contexto en el que el asunto se había reabierto en 2023 tras protestas.

El columnista también repasa casos de alianzas que cambiaron con el tiempo, como el de Manuel Antonio Noriega, y la anulación de una concesión portuaria a un operador chino tras 25 años de operación. Sostiene que las terminales fueron relicitadas a nuevos operadores. Concluye que las políticas actuales pueden empeorar antes de mejorar.