Sustancia económica entra en implementación: retos para salir de la lista de paraísos fiscales

La Ley 526 de Sustancia Económica entra en una etapa decisiva. Su aplicación práctica comenzará el 1 de enero de 2027 y forma parte del camino que Panamá necesita recorrer para salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea y mejorar su calificación ante el Foro Global de la OCDE. Especialistas del sector público, tributario y legal coinciden en que las empresas deben revisar desde ya qué estructuras quedan alcanzadas y qué obligaciones tendrán.

Jaime Carrizo, socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, explicó que la norma aplica a entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que forman parte de grupos multinacionales y generan rentas pasivas de fuente extranjera. Estas rentas son seis: dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rendimientos por inmuebles y rendimientos por bienes muebles. Carrizo advirtió que no se trata solo de sociedades holding, ya que una empresa operativa también puede quedar sujeta a la ley si cumple esas condiciones.

Para demostrar sustancia económica, Juan Raúl Sosa Vallarino, socio de Fabrega Molino, señaló que el cumplimiento se evalúa con tres condiciones: recursos humanos e instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas en Panamá, y costos y gastos operativos ligados a la actividad principal. El reglamento presume cumplimiento cuando se realizan al menos dos reuniones al año sobre decisiones estratégicas y asunción de riesgos, siempre que tengan contenido real y que quienes decidan estén en Panamá. Sobre la tercerización, indicó que se pueden contratar tareas operativas, pero no las decisiones. Las empresas deberán conservar la documentación que pruebe esa sustancia por un mínimo de cinco años. La primera declaración jurada correspondiente se presentará en 2028.

Yasmín del Carmen González, jefa de Estrategia Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que la implementación efectiva de la norma es un compromiso internacional de Panamá y que el Gobierno hará seguimiento a su aplicación. Explicó que la salida de la lista europea es un proceso por etapas y que, en el caso panameño, se evalúan dos criterios: la transparencia fiscal y el intercambio de información a requerimiento, y la tributación justa, donde se ubica la exigencia de sustancia económica.

Según González, se espera que Panamá pase del Anexo I al Anexo II de la lista, un avance importante pero que no equivale a la salida definitiva. El país todavía debe mejorar su calificación en intercambio de información a requerimiento, pues hoy está como parcialmente cumplidor y la Unión Europea exige ampliamente cumplidor. Para ello, Panamá pidió al Foro Global una revisión a profundidad, que fue concedida y está prevista para el primer trimestre de 2027, aunque aún no tiene fecha exacta.

La funcionaria identificó tres áreas clave: la disponibilidad de registros contables, que ronda el 80 %, la información sobre beneficiarios finales y la capacidad de las autoridades para responder solicitudes de otras jurisdicciones en un plazo de 90 días. Según explicó, la mejora en los registros contables ha ayudado a la administración tributaria a atender estas solicitudes con mayor oportunidad.

El reto, coincidieron los expositores, será llevar el marco legal y reglamentario a la operación diaria de las empresas, identificar correctamente qué entidades están alcanzadas y reunir evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento.