Abogado penalista advierte que bajar la edad penal no resuelve la violencia juvenil

El debate en la Asamblea Nacional sobre el Proyecto de Ley 539 cobra fuerza tras un homicidio ocurrido el fin de semana en La Siesta, Tocumen. La iniciativa busca modificar el régimen de responsabilidad penal adolescente. El penalista Basilio González advierte que bajar la edad penal no puede ser la única salida del Estado frente a la violencia en la que participan niños.

El caso que reavivó la discusión dejó a una mujer muerta. Según lo señalado, un menor de 12 años habría disparado contra ella después de que le llamara la atención. Las autoridades investigan el hecho, y hasta ahora se trata de una versión que todavía no está confirmada. El suceso ha generado dudas sobre las medidas legales que podrían aplicarse y sobre el alcance de una eventual reforma.

González plantea que, antes de cambiar la ley, hay que analizar las circunstancias familiares, sociales y educativas de los menores involucrados en delitos. Propone realizar estudios sociales que permitan conocer el entorno del menor, la supervisión que recibe de sus padres o tutores y las condiciones de la comunidad donde vive. Para él, esa evaluación integral ayuda a entender qué factores pueden influir en la conducta de un niño.

En cuanto al caso de Tocumen, el abogado pidió que las autoridades aclaren cómo el menor habría tenido acceso a un arma de fuego. También solicitó verificar las versiones sobre un posible consumo de drogas, sin darlas por confirmadas.

El Proyecto de Ley 539 busca modificar la Ley 40 de 1999, que regula el régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes. De acuerdo con la propuesta descrita, los menores de 10 años seguirían excluidos de responsabilidad penal. Para quienes tengan entre 10 y 12 años y estén vinculados con determinados delitos graves contra la vida, se establecería un tratamiento excepcional.

González cuestiona que la reducción de la edad penal se plantee sin un análisis profundo de las causas de la violencia infantil. Considera que la respuesta debe incluir el fortalecimiento de la familia, la educación y la prevención, en lugar de concentrarse solo en endurecer las consecuencias penales.