Autobuses retenidos y fallas de transporte marcaron la elección en Brasil

El 25 de octubre, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, inspectores de la Justicia Electoral encontraron en Salvador, una de las ciudades más grandes de Brasil, autobuses detenidos en cocheras. En una de ellas había 55 vehículos en condiciones de circular. El tribunal regional ordenó restablecer de inmediato el transporte gratuito y autorizó a la policía a verificar que se cumpliera.

La obligación no era nueva. En 2023, el Supremo Tribunal Federal concluyó por unanimidad que la falta de transporte colectivo gratuito durante las elecciones constituía una omisión inconstitucional. Desde 2024, los autobuses urbanos, intermunicipales y metropolitanos debían circular gratis con una frecuencia equivalente a la de los días laborables. La regla era conocida con anterioridad a la campaña y alcanzaba a todos los municipios, sin importar la afinidad política de sus autoridades.

En Salvador, el alcalde Bruno Reis, de Unión Brasil, había firmado un decreto para garantizar esa frecuencia y había manifestado su respaldo a Flávio Bolsonaro. Reis negó haber ordenado reducir el servicio y atribuyó la demora de las empresas a la retirada de adhesivos electorales pegados a los buses. Su explicación se revisa con los registros de circulación y las órdenes enviadas a los operadores. Durante la votación, el tribunal dispuso la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, que se encontraba en Francia. Al día siguiente dejó sin efecto la orden, porque el periodo de flagrancia había terminado, y remitió el caso al Ministerio Público Electoral y a la Policía Federal.

Las denuncias se extendieron más allá de Salvador. La campaña de Lula señaló dificultades de desplazamiento en localidades de nueve estados. En São Paulo, el alcalde Ricardo Nunes rechazó la acusación de no haber puesto en circulación la flota exigida. En Feira de Santana, también en Bahía, se reportaron problemas bajo la administración de José Ronaldo. El Ministerio de Justicia informó de fallas verificadas en ocho estados, y la Policía Federal abrió o preparó investigaciones sobre posibles actos destinados a dificultar el voto. La presencia de alcaldes cercanos al bolsonarismo entre los municipios denunciados despertó sospechas, pero esa afinidad no prueba responsabilidad. Las pesquisas deberán revisar planes operativos, mensajes, instrucciones y datos de localización de los autobuses.

Mientras se acumulaban los reclamos, las campañas pidieron ampliar el horario de votación, con motivos distintos. La de Lula alegó restricciones de transporte, y la de Flávio Bolsonaro, lluvias en varios estados. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, pidió información técnica y no resolvió antes de las cinco de la tarde. Tras el recurso de la campaña de Lula, el ministro Cristiano Zanin ordenó extender la votación hasta las siete, pero numerosas urnas ya estaban cerradas. En São Paulo, la autoridad electoral informó que al menos el 80% había cerrado cuando recibió la comunicación.

Lula fue reelegido con 64,2 millones de votos, y la abstención bajó del 21,08% al 19,2% entre las dos vueltas. Esas cifras no permiten calcular cuántos electores perdieron la oportunidad de votar por falta de transporte. Flávio anunció que no reconocería el resultado y pediría anular la elección, argumentando que la prórroga alteró las reglas. Al día siguiente, el Supremo le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país en una investigación penal distinta. Flávio declaró que no pensaba irse, pero cruzó la frontera con Argentina el 27 de octubre y llegó a Miami el 28.

Las investigaciones deberán establecer quién mantuvo los autobuses fuera de servicio y si hubo instrucciones compartidas entre las alcaldías denunciadas. Para quienes no lograron llegar a su sección, las discusiones sobre una eventual anulación no responden quién debía garantizar su traslado ni por qué ese derecho no pudo ejercerse.