Diputados cuestionan exoneraciones en la adenda del contrato de Ciudad del Saber
El proyecto de ley 724, que extiende la concesión hasta 2048, se discute en segundo debate entre reclamos por beneficios fiscales.
En el pleno de la Asamblea Nacional se debatió en segundo debate el proyecto de ley 724, que busca aprobar la adenda número 1 al contrato entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber. La iniciativa pretende extender la concesión territorial e inmobiliaria hasta el año 2048.
Varios diputados rechazaron el régimen de exoneración de impuestos e incentivos fiscales incluido en el acuerdo. La discusión se centra en que esas facilidades tributarias no solo favorecen a la fundación, sino también a empresas e instituciones privadas que funcionan dentro del complejo.
El contrato original venció el 13 de febrero de 2023, por lo que la aprobación de esta adenda es clave para mantener el esquema actual en funcionamiento.
Durante la sesión, el diputado Betserai Richards cuestionó duramente los cobros que la fundación realiza a entidades públicas, como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), por usar infraestructuras que pertenecen originalmente al Estado. Richards indicó que, aunque la fundación no aporta ingresos directos al fisco, la Senacyt debe destinar montos significativos para ocupar esas instalaciones, lo cual, a su juicio, no es un costo simbólico. Añadió que los asesores de la Presidencia debieron garantizar que las instituciones estatales usen esos espacios sin costo alguno.
A estos reclamos se sumaron las observaciones del diputado Luis Eduardo Camacho y de otros miembros del pleno sobre los privilegios fiscales del contrato. Entre los puntos más debatidos figuran la exoneración del ITBMS, el perdón de impuestos de importación, la liberación del impuesto de inmueble y la exención de tasas, derechos y gravámenes nacionales.
