Alcaldes piden más coordinación y recursos para reconstruir Azuero tras el terremoto

El Gobierno y las autoridades locales volvieron a sentarse a discutir la reconstrucción de las comunidades golpeadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. En la reunión participaron alcaldes de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, a quienes el Ejecutivo entregó un balance actualizado de los daños y con quienes conversó sobre cómo atender a las familias que perdieron su casa y cómo reparar las instalaciones públicas afectadas.

Hasta el momento del encuentro, el registro oficial contabilizaba cerca de 14,000 viviendas afectadas, 834 centros educativos y más de 120 instalaciones de salud. El secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que el levantamiento de información permitirá definir qué estructuras solo necesitan reparaciones y cuáles deberán demolerse para volver a construirlas. Según indicó, no todas las casas requerirán reconstrucción total, ya que algunas podrán recuperarse con trabajos en sus elementos estructurales.

El inventario incluye además 46 iglesias, monumentos y bibliotecas que forman parte del patrimonio cultural, así como carreteras y puentes dañados. Aun así, la magnitud de los daños no se ha traducido en un presupuesto definitivo ni en un cronograma completo. El Gobierno aprobó inicialmente $100 millones para la emergencia, mientras las instituciones avanzan en evaluaciones técnicas y en el cálculo de los costos. Icaza advirtió que algunas obras tomarán más tiempo, entre ellas la reconstrucción del hospital de Tonosí y tramos viales como la carretera entre Tonosí y Búcaro, además de sectores de la vía que conecta Quebro, Mariato y Torio.

Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes, destacó como logros del encuentro contar con cifras más claras y crear un mecanismo de coordinación entre el Gobierno central y los municipios. Según explicó, las alcaldías y la ciudadanía participaron desde los primeros días, pero ahora hace falta unir esos esfuerzos con las instituciones encargadas de evaluar los daños. Icaza reconoció que los alcaldes han hecho inspecciones junto a personal técnico y voluntarios, y aseguró que los informes de ingenieros civiles y arquitectos podrán incorporarse al proceso oficial. En ese sentido, el secretario informó que había 60 viviendas en construcción y que el Gobierno espera aumentar esa cifra conforme avancen las evaluaciones.

Mientras tanto, miles de personas siguen esperando una solución habitacional. Al corte del 25 de octubre, el Gobierno contabilizaba 156 albergues oficiales con más de 5,600 personas alojadas. Icaza aseguró que se han repartido alimentos, agua, medicamentos y artículos de primera necesidad, además de instalar baños portátiles y mejorar las estructuras temporales. Batista, por su parte, alertó que las lluvias han deteriorado las toldas y que las familias no pueden permanecer así por tiempo indefinido. También planteó la necesidad de aclarar qué alternativas tendrán mientras se reparan o reconstruyen sus viviendas, porque muchas personas se resisten a alejarse de sus hogares.

Las peticiones de los alcaldes van más allá de quienes accederán a una vivienda de interés social. Batista pidió que el Gobierno estudie mecanismos de apoyo para quienes tenían casas más amplias, levantadas con años de esfuerzo, y que ahora enfrentan daños superiores a sus recursos. Entre las propuestas figuran alternativas para quienes mantienen hipotecas y la posibilidad de otorgar préstamos blandos que les permitan recuperar sus propiedades.

La situación financiera de los municipios es otro punto sensible. Batista recordó que 64 de los 81 municipios del país reciben subsidios y que muchas alcaldías de las provincias afectadas dependen de las transferencias del Gobierno central. Durante la reunión surgió la idea de usar fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles para cubrir gastos operativos, pero el dirigente defendió que esos recursos se mantengan en proyectos de desarrollo local definidos en consultas ciudadanas. En cambio, pidió aumentar los aportes estatales y revisar subsidios que no se actualizan desde hace años, como los $110,000 del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS), vigentes desde 2007. Batista también recordó que, antes del sismo, la región ya mostraba desempleo alto y que el 80% de la población tenía ingresos familiares inferiores a $800, por lo que considera necesaria una inyección económica acompañada de proyectos que generen empleo.