Expertos advierten que cambios en la Golden Visa frenarán la reventa de viviendas
Una abogada y corredora de bienes raíces sostiene que limitar el beneficio a unidades nuevas golpeará el mercado secundario y los ingresos del Estado.
El sector inmobiliario cuestiona el Decreto Ejecutivo No. 17, emitido el 8 de septiembre, que regula la Visa de Inversionista Calificado, conocida como Golden Visa. La norma busca impulsar únicamente la compra de viviendas nuevas, pero la abogada y corredora de bienes raíces Berlisa Arosemena considera que esa orientación terminará por ralentizar el mercado de reventa y restar competitividad al país frente a destinos con programas parecidos.
Arosemena recordó que el programa exige una inversión mínima de $300,000 y permite obtener la residencia permanente en unos 30 días. Según su análisis, al limitar los beneficios a propiedades de segunda mano se distorsiona la oferta. Panamá y Panamá Oeste concentran entre 18,000 y 22,000 unidades nuevas, mientras que el mercado de reventa tiene cerca de 30,000 propiedades con precios entre $250,000 y $450,000. Esas viviendas ya tardan entre 9 y 14 meses en colocarse.
La especialista explicó que muchos compradores extranjeros descartan los proyectos en planos, que requieren esperar entre 24 y 36 meses, porque buscan un retorno inmediato por medio de alquiler o de habitar la propiedad de inmediato. En el interior del país, donde no hay construcciones nuevas, la medida dejaría sin opciones a quien quiere acceder a la Golden Visa.
Arosemena también señaló que muchos dueños locales venden sus casas usadas para pagar o adquirir un proyecto nuevo. Al frenar las reventas, según su planteamiento, se limita la posibilidad de que esos propietarios vendan sus inmuebles, aunque el objetivo declarado sea reactivar la construcción.
En cuanto a ingresos, la abogada recordó que esta visa representa una fuente importante para el Servicio Nacional de Migración, ya que cada solicitante aporta $5,000 al Tesoro Nacional y $5,000 al Fondo de Repatriación. Si los inversionistas se inclinan por la Visa de Países Amigos, que exige $200,000 de inversión, o por la de Solvencia Económica Propia, los cobros que percibe el Estado caen a $250 y $800, respectivamente.
Además, la desincentivación de las reventas reduce la recaudación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles, que equivale al 2%, y del impuesto sobre la ganancia de capital.
