Abogado analiza querella penal contra Empresas Bern por $77.8 millones

El abogado panameño Angelo Madrid analizó la querella penal que involucra a Empresas Bern, en una disputa que enfrenta a Grupo Motta y a la familia Bern por el centro comercial Town Center Costa del Este. Madrid pidió al Ministerio Público no convertirse en un cobrador de asuntos civiles, y explicó que la justicia penal debe intervenir de manera restrictiva.

El conflicto tiene su origen en una decisión de la vía civil. En mayo de 2024, un tribunal del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) emitió un laudo que condenó a sociedades del grupo Bern a pagar $77.8 millones por incumplimientos contractuales y daños en la infraestructura, a favor de Costa del Este Town Center Group, S.A. Según Madrid, esa etapa ya se agotó, la cuantía fue fijada por el tribunal competente y, hasta ahora, la suma no se ha podido cumplir.

En paralelo, la Fiscalía Metropolitana programó la solicitud de imputación de cargos contra José Manuel Bern por presuntos delitos de estafa y hurto agravado en perjuicio de la misma sociedad. Además, se espera que su padre, Hermán Bern Pittí, y sus hermanos Jacqueline e Ingrid Bern Barbero también sean imputados. La audiencia que estaba prevista para el viernes anterior fue pospuesta para el 30 de diciembre, luego de que una de las partes no compareciera.

Madrid recordó que el artículo 21 de la Constitución Política prohíbe la cárcel por deudas y por situaciones de naturaleza meramente civil. Asimismo, citó el artículo 3 del Código Penal, que establece la intervención mínima del derecho penal y solo aplica cuando existen elementos independientes de convicción que configuren un tipo penal autónomo, como la estafa o el hurto. Por ello, advirtió que la fiscalía debe evaluar con cuidado los elementos aportados en la querella.

La familia Bern está representada por la destituida fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore y por su hermano William. Sobre este punto, Madrid señaló que los jueces de garantías deben velar por el estricto cumplimiento del debido proceso, sin distinciones, sobre todo en un caso de alto perfil como este.

Al analizar posibles salidas, el jurista estimó que las partes podrían recurrir a mecanismos alternos de resolución de conflictos previstos en el Código Procesal Penal. Según su criterio, un acuerdo económico que satisfaga las pretensiones patrimoniales permitiría evitar un mayor desgaste de la imagen corporativa de ambas estructuras empresariales.