63 de 472 demandas por dietilenglicol ya tienen fallo a favor de víctimas
A 20 años de la tragedia de la CSS, la Sala Tercera sigue tramitando buena parte de los reclamos contra el Estado.
Se cumplen 20 años de la contaminación de medicinas en la Caja de Seguro Social (CSS), y los reclamos de las víctimas siguen llegando a los tribunales. Hasta octubre de este año, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral de la Corte Suprema ha emitido 63 sentencias condenatorias contra el Estado dentro de las 472 demandas de indemnización que ha recibido.
Las sentencias ordenan el pago de $25 mil por daño moral, derivado de la falta de seguridad en los medicamentos producidos por el extinto Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS. Además, el fallo obliga a la institución a pedir disculpas públicas por escrito a cada afectado, que deben mantenerse en su sitio web y en redes sociales. También deberá levantar un monumento y colocar una placa con el nombre de las víctimas reconocidas en la Ciudad de la Salud, y crear en su portal una sección sobre estos casos con un mapa interactivo por provincia.
El origen del problema estuvo en un compuesto enviado desde China como glicerina, con alto contenido de dietilenglicol, un refrigerante para autos. Ese producto llegó al país en 2004, y la CSS lo usó para elaborar jarabes y cremas. Según cifras oficiales, la tragedia dejó unas 800 muertes hasta el cierre de la investigación en 2010, y afectaciones permanentes en otras 1,300 personas. Muchos pacientes no notaron el daño de inmediato, y algunos lo sintieron con el paso del tiempo.
La fiscalía estableció que la CSS emitió 110 mil recetas con esos medicamentos, distribuidas en todo el país, incluidas las comarcas. En el proceso penal, el empresario Ángel de La Cruz, del Grupo Medicom, recibió una condena de 15 años de prisión tras la reforma de la Sala Penal. También fueron condenados exfuncionarios de la CSS, entre ellos el exdirector René Luciani, con 18 meses de prisión, y la exjefa del laboratorio, Linda Thomas, con la misma pena.
El Comité por el Derecho a la Salud y la Vida se mostró decepcionado por la marcha de los casos. Su vocero, Gabriel Pascual, sostiene que la Corte se encuentra en mora por la lentitud en el manejo de los expedientes y calificó de "irrisorios" los montos indemnizatorios.
La CSS informó que habilitó partidas especiales, con un fondo inicial de $300,000, para pagar a los primeros 12 beneficiarios validados. De los 34 fallos recibidos hasta ahora, la institución ya pagó siete. En otros cinco casos, el pago está pendiente porque falta el poder que debe presentar la firma que representa a los beneficiarios, y estos tampoco han acudido a retirar los cheques. La entidad gestiona un traslado de partidas para pagar a otras 12 víctimas cuyas sentencias ya fueron notificadas.