Doce exfuncionarios de Cortizo y casi $10 millones bajo investigación por enriquecimiento injustificado
Nueve enfrentan procesos judiciales y otros tres tienen bienes secuestrados por la Contraloría, entre ellos el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
Al menos doce exfuncionarios del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) están en la mira de las autoridades por presunto enriquecimiento injustificado. Entre ellos figura quien fue vicepresidente de la República. Nueve de ellos ya enfrentan procesos judiciales, y el más reciente es el exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, aprehendido el pasado 6 de octubre en el PH Empire, en Santa María. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron documentos y bienes que ahora forman parte de la investigación.
Los otros tres funcionarios no han sido imputados penalmente, pero la Contraloría General les secuestró bienes. Según las cifras de la Contraloría y del Ministerio Público, los casos de los nueve procesados suman cerca de $7.7 millones. Si se incluyen los tres casos administrativos, el monto asciende a $9.7 millones.
José Gabriel Carrizo, exvicepresidente, exministro de la Presidencia y excandidato presidencial del PRD en mayo de 2024, aparece con $1.9 millones en ingresos que no ha logrado justificar. Tiene medida cautelar de detención domiciliaria. Por su parte, Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, es procesado por no sustentar $1,322,234.38. Araúz permanece detenido provisionalmente, pues el Tribunal Superior de Apelaciones consideró que existe riesgo de fuga por sus constantes viajes a Paraguay. Él sostiene que esos viajes buscaban oportunidades laborales. La fiscalía indica que, durante su gestión, acumuló inmuebles en varios sectores de la capital y en Chiriquí.
Otros casos también avanzan. Luis Oliva, exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, no ha justificado $957,397. Desde esa entidad se desarrollaron soluciones tecnológicas para las ayudas a la población durante la pandemia de la covid-19, como el Vale Digital. Zenia Vásquez, secretaria general de la Contraloría, debe explicar el origen de $771,137 que ingresaron a su patrimonio mientras ejercía el cargo. La fiscalía señaló ante un Juzgado de Garantías que los ingresos declarados por ella son inferiores a los montos hallados en una auditoría forense.
En el ámbito fiscal, Publio De Gracia, exdirector general de Ingresos, no ha podido justificar parte de su patrimonio, con $724,682 de origen desconocido. Su esposa, Elaine Salteiro, y su antigua pareja, Ninoshka Ríos, también son investigadas, pues recibieron fondos del exfuncionario. Maritza Ureña, exsubdirectora de la DGI, tampoco ha justificado $428,000 de un movimiento de $1 millón 13 mil. Héctor Brands, exdirector de Pandeportes, y Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, completan el grupo con montos de $649,292 y $419,331, respectivamente.
En cuanto a los casos administrativos, la Contraloría secuestró bienes a José Alejandro Rojas Pardini, exministro consejero para la inversión privada, por $774,462.64, y a Rafael Sabonge, exministro de Obras Públicas, por $704,452.61. Ambos son socios en proyectos inmobiliarios y enfrentan procesos civiles. También tiene bienes congelados por $576,768.86 Nadia Del Río, exsecretaria privada de Cortizo.
La investigación revela además un mapa inmobiliario de alto valor. Zenia Vásquez adquirió en diciembre de 2023 un inmueble en Santa María valorado en $732,500, con una hipoteca de $253,000. Carrizo tiene un apartamento en Costa del Este, y De Gracia compró un penthouse en PH Costanera por casi $1 millón. El caso continúa en el sistema judicial y en la Contraloría.