Veinte años después, la crisis del dietilenglicol sigue sin cerrarse del todo
Las cifras, las demandas y las lecciones de la intoxicación con jarabes contaminados en 2006 siguen pesando sobre el sistema de salud.
El año 2006 marcó un antes y un después para el sistema de salud panameño. Una serie de muertes precedidas por parálisis y falla renal puso a prueba la capacidad de respuesta del país ante un hecho sin precedentes. Los pacientes eran, en su mayoría, adultos mayores con enfermedades previas, y en los hogares no se registraban contagios, así que la causa era incierta y el temor se extendió rápidamente.
La alarma creció cuando los casos registrados llegaron a 23, todos en hospitales estatales. Las investigaciones posteriores revelaron que, semanas o meses antes, otras personas habían llegado con cuadros similares y habían fallecido. Un documento del proceso judicial, firmado por el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, señala que entre 2004 y 2006 un número determinado de personas estuvo expuesto a medicamentos contaminados con dietilenglicol, por lo que la cifra real de afectados podría ser mayor. La cifra oficial de fallecidos por esta causa es de 800.
El hallazgo clave llegó a partir de dos pacientes, uno de más de 60 años que se enfermó durante una cirugía en la Caja de Seguro Social (CSS) y otro de más de 90 años atendido en un hospital privado. Ambos habían tomado el jarabe para la tos elaborado por el laboratorio de la CSS, que resultó contaminado. Tras 11 días de investigación epidemiológica intensa, en la que participó un equipo del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, se identificó el origen del mal.
Néstor Sosa, entonces jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la CSS, lideró la investigación científica. Recuerda que esos 11 días fueron muy difíciles, y que, una vez identificada la causa, el esfuerzo se concentró en salvar a los pacientes y en atender a quienes seguían llegando. Según él, varios factores se combinaron, entre ellos la falta de controles de calidad en la producción de medicamentos y la compra de insumos a un proveedor poco confiable.
El informe global de julio de 2025, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y la Organización Mundial de la Salud, incluye el caso panameño. Según este documento, el jarabe tenía 8% de dietilenglicol, lo que equivale a 80 veces el nivel permitido, y la glicerina tenía 22%, unas 220 veces el límite. El informe califica como conductas criminales los cambios en certificados de análisis, el reetiquetado de tambores y la extensión de fechas de vencimiento.
En el plano judicial, el Estado enfrenta 472 demandas de indemnización. Hasta la fecha, 63 han sido resueltas, todas a favor de los demandantes, con pagos de $25 mil cada una. Mientras tanto, el Comité por el Derecho a la Salud y la Vida advierte que cada año mueren, en promedio, 20 personas afectadas por estos jarabes, y su vocero, Gabriel Pascual, cuestiona la falta de una política de seguimiento estatal para las víctimas.
