Trump sanciona a la Corte Penal Internacional tras el Nobel a una exjueza
Washington anuncia medidas contra el tribunal con sede en La Haya, horas después de conocerse el galardón a Navi Pillay. El secretario de Estado Marco Rubio advierte que buscará desmantelar la institución.
La Administración de Donald Trump anunció este viernes nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la sudafricana Navi Pillay, quien fue jueza de ese tribunal. En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas hasta la fecha y que ahora adopta medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense.
El secretario de Estado, Marco Rubio, fue la voz principal de la decisión. Sostuvo que Estados Unidos nunca se unió a la Corte y que no la necesita. Recordó que, durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron que el tribunal pudiera juzgar a ciudadanos estadounidenses, incluidos militares en servicio activo, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes electos.
Según la nota oficial, el Departamento del Tesoro emitirá un conjunto de licencias generales que autorizan ciertas transacciones relacionadas con la CPI, con el fin de proteger los intereses de Estados Unidos. Rubio advirtió, en un mensaje de video publicado en redes sociales, que se prohibirán las operaciones con el tribunal, al que calificó de ilegítimo, para cortar sus recursos y paralizar su capacidad de actuar contra el país.
Pese al tono duro, Rubio dijo que confía en encontrar una solución diplomática. Al mismo tiempo, anunció que Washington seguirá con su campaña para desmantelar la institución por partes, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados. Su mensaje central fue que Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI, y que el organismo debe cesar sus amenazas o será eliminado.
La Corte Penal Internacional es un organismo independiente con sede en La Haya, Países Bajos, fundado en 2002 para perseguir y juzgar crímenes de guerra. Del tribunal forman parte 125 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y la OTAN, con excepción de Estados Unidos y Turquía. Por ahora, las sanciones y las licencias del Tesoro marcan el siguiente paso de una disputa que enfrenta a Washington con la institución.
