Contraloría flexibiliza uso de fondos de juntas comunales para emergencia por sismo
Las juntas podrán destinar recursos del Piops y del IBI a alimentos, agua y otros artículos básicos, además de usar sus vehículos sin salvoconducto.
La Contraloría General de la República anunció medidas para que las juntas comunales puedan usar sus fondos de inversión en la compra de alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad. La decisión busca atender a las comunidades afectadas por la emergencia provocada por el sismo.
La disposición permite utilizar recursos de dos fuentes: el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piops) y el Programa de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBIS), que otorga la Autoridad Nacional de Descentralización. Según la institución, estos fondos podrán emplearse para necesidades urgentes, siempre de acuerdo con los manuales de operación vigentes.
Cada año, las juntas comunales reciben del Piops $110,000.00. La ley obliga a las autoridades locales a destinar al menos 70% de ese monto a proyectos de inversión comunitaria, y como máximo 30% a gastos de funcionamiento. En el caso del IBI, el reparto se hace con una fórmula solidaria, y la ley fija que ningún municipio puede recibir menos de $500 mil al año.
Las medidas se coordinaron con representantes de corregimiento y alcaldes. De acuerdo con el comunicado, la flexibilización pretende agilizar la asistencia sin dejar de lado los controles sobre los recursos públicos.
Durante la emergencia, también se autoriza el uso de los vehículos de las juntas comunales sin necesidad de salvoconducto. La finalidad es apoyar el traslado de personas heridas y brindar asistencia a las comunidades afectadas.
Para resolver dudas y facilitar trámites relacionados con la emergencia, la Contraloría habilitó un centro de llamadas dirigido a las autoridades locales.
En su comunicado, la institución señaló que la prioridad es atender a la población afectada de manera oportuna, garantizando al mismo tiempo el uso responsable y transparente de los recursos públicos.
El país cuenta con 81 alcaldías y 701 representantes de corregimiento, que son los actores que podrían aplicar estas medidas en sus territorios.
