Suspenden audiencia de Genaro López y dirigentes del Suntracs por caso Red Frog
La diligencia quedó en pausa mientras se resuelve una acción del Ministerio Público para ampliar el plazo de la investigación.
La audiencia intermedia contra el dirigente sindical Genaro López y otros miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) quedó suspendida este martes 6 de octubre. La decisión responde a una acción presentada por el Ministerio Público para obtener más tiempo dentro de la investigación conocida como caso Red Frog.
La suspensión fue ordenada por la juez de garantías Oris Medina, del Primer Circuito Judicial de Panamá, durante una diligencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio. Durante la audiencia, el fiscal Octavio Nicolau, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, informó que se presentó un amparo de garantías constitucionales contra una decisión judicial que rechazó extender el período para continuar las investigaciones.
Según la Fiscalía, todavía hay diligencias pendientes para localizar y recopilar elementos que permitan determinar una posible vinculación de los dirigentes sindicales con los delitos investigados. La pesquisa se inició en 2022, a partir de una querella presentada en representación de trabajadores que laboraron en el proyecto Red Frog, en isla Bastimentos, Bocas del Toro.
El expediente gira en torno a 14 fincas que fueron entregadas tras un conflicto laboral entre trabajadores y la empresa Pillar Construction, después denominada Bastimentos Holding. Una sentencia laboral de 2011 fijó el pago de aproximadamente $7 millones a 412 trabajadores, entre prestaciones laborales y costas. Luego se alcanzó un acuerdo extrajudicial en el que se entregaron las 14 propiedades, valoradas entonces en unos $3 millones, como parte de la compensación.
La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en el manejo posterior de esas propiedades y mantiene una investigación por presuntos delitos que incluyen estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad de documentos. En agosto de 2025, una jueza declaró legal la aprehensión de las 14 fincas, decisión que luego fue mantenida por un Tribunal Superior de Apelaciones.
Por ahora, la audiencia permanece en pausa hasta que se resuelva la acción presentada por el Ministerio Público.
