Solo dos de 24 casos de abuso en la Arquidiócesis tienen decisión final escrita

La Arquidiócesis de Panamá presentó este martes 22 de septiembre un informe de 128 páginas que evalúa cómo atendió denuncias de abuso sexual vinculadas a miembros o ámbitos de la Iglesia católica, conocidas entre 2001 y 2025. La evaluación fue solicitada por la propia institución y realizada por un equipo académico internacional de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y de la Universidad Villanueva, en España.

En los archivos constan 37 denuncias. De ese total, el equipo determinó que en 24 la actuación de la institución podía ser examinada. En nueve hubo al menos una víctima menor de edad y en 11, personas adultas en situación de vulnerabilidad, según explicó Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia de la Arquidiócesis.

El principal hallazgo es que la institución no siempre pudo reconstruir por escrito lo ocurrido con cada denuncia. Solo siete de los 24 casos tienen documentada la apertura de una investigación previa canónica, y únicamente dos cuentan con una resolución final por escrito. En ninguno consta que la decisión se haya notificado formalmente a las partes. Los evaluadores aclaran que la falta de un documento no prueba que no hubo decisión, pero impide verificar cómo terminó cada caso.

Según el informe, en los primeros años algunas denuncias se manejaban en privado entre el arzobispo y el sacerdote señalado, con alta informalidad. Desde 2015 aumentó la documentación, aunque la trazabilidad sigue incompleta. Tampoco se pudo determinar en todos los expedientes qué sanciones se impusieron ni si los casos se informaron a las autoridades civiles.

En ninguno de los 24 casos consta que se haya evaluado el daño sufrido por la víctima ni que se haya adoptado una medida reparativa. El informe destaca un acompañamiento completo realizado en 2015 por una congregación religiosa, y señala que durante años el sistema se centró en el procedimiento y en el acusado. La abolición del secreto pontificio en 2019 amplió la información disponible, aunque no resuelve por sí sola esas limitaciones.

Una encuesta interna con 383 participantes arrojó que 45 conocían o sospechaban de abusos, pero solo 21 los habían comunicado. Entre los obstáculos figuran la falta de claridad sobre cómo denunciar, el temor a represalias y la presión para proteger a la institución.

El equipo formuló 24 recomendaciones en cuatro áreas, entre ellas un sistema único de registro y la designación de una persona que mantenga informada a la víctima. Según el informe, estas no son decisiones adoptadas, pues corresponde al arzobispo José Domingo Ulloa y sus colaboradores definir cuáles se aplicarán. Durante la presentación, Ulloa pidió perdón por los daños causados por miembros de la Iglesia y por las ocasiones en que la respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban.