Soberanía popular no autoriza desconocer la Constitución, sostiene exmagistrado
Un exmagistrado de la Corte Suprema argumenta que una Asamblea Constituyente debe convocarse por el procedimiento del artículo 314 y no al margen del orden vigente.
La discusión sobre una posible Asamblea Constituyente Originaria en Panamá volvió a poner en el centro del debate la relación entre la soberanía popular y el orden constitucional. Un abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia planteó que, si la convocatoria se hace dentro de la legalidad vigente, no puede prescindir de lo que establece la Constitución.
El análisis parte de dos disposiciones. El artículo 2 señala que el poder público emana del pueblo, mientras que el artículo 314 regula la convocatoria de una Asamblea Constituyente Paralela, con facultades para reformar total o parcialmente la Carta Magna. Algunos sectores sostienen que la primera debe prevalecer sobre la segunda, por representar la voluntad popular.
El autor rechaza esa lectura. Considera que ambos artículos tienen la misma jerarquía y que no son normas incompatibles, sino disposiciones complementarias. Para él, una identifica la fuente del poder y la otra regula uno de sus mecanismos jurídicos.
Según el texto, el artículo 314 contempla la participación del Órgano Ejecutivo, de la Asamblea Nacional o de la ciudadanía, según los requisitos correspondientes. La asamblea estaría integrada por sesenta constituyentes elegidos popularmente, y su obra debería someterse a referéndum. La norma también establece límites relativos a la retroactividad de sus decisiones y a los períodos de determinados funcionarios.
El exmagistrado advierte que aceptar que cualquier sector pueda invocar la voluntad popular para situarse por encima de las reglas tendría consecuencias delicadas. Pregunta quién determinaría la legitimidad de esa representación, quién fijaría las reglas para elegir a los constituyentes y quién garantizaría los derechos de quienes discrepan. Para el autor, esas preguntas explican la función del Estado de derecho.
La columna reconoce que el poder constituyente originario existe y que el pueblo puede cambiar su Constitución. Sin embargo, sostiene que ese poder debe ejercerse por los mecanismos previstos. Si el procedimiento resulta inconveniente, la vía es reformarlo por las rutas constitucionales, y si una autoridad promueve una convocatoria contraria al orden vigente, sus actuaciones podrían someterse al control jurisdiccional correspondiente.
