Sismo en Panamá deja 3,696 personas en albergues y una víctima fatal

El Gobierno Nacional entregó este miércoles 14 de octubre un balance sobre la atención de la emergencia causada por el sismo de magnitud 7.5 que sacudió el país el viernes 9 de octubre. El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, confirmó la primera víctima fatal del evento: Elena Barría, de 68 años, quien murió por las heridas graves que sufrió en el distrito de Macaracas, en la provincia de Los Santos.

Según el informe oficial, 3,696 personas permanecen en albergues temporales habilitados en más de 45 centros de atención. Para abastecer a las familias afectadas, las autoridades han enviado más de 319,328 libras de ayuda por vía aérea y 331 toneladas de agua por vía terrestre. Además, se han repartido más de 16,000 bolsas de alimentos en 117 comunidades de cuatro regiones del país.

Durante la conferencia, el secretario de Metas descartó que el antiguo hospital modular de Albrook pueda reutilizarse o trasladarse a Azuero, donde se necesita atención de salud por la emergencia. Icaza citó informes técnicos del Minsa que señalan el deterioro de la estructura, por lo que no está en condiciones de uso. En cambio, la estrategia se concentra en devolver a los pacientes a instalaciones médicas que ya fueron inspeccionadas. Según el funcionario, cerca del 80% de ese reingreso se ha completado con éxito, bajo la supervisión de la Universidad Tecnológica de Panamá y la Contraloría General.

En el área habitacional, las cuadrillas gubernamentales comenzaron la remoción de escombros y la construcción de nuevas viviendas en Quebrada Grande (Veraguas), Penonomé (Coclé) y San Félix (Chiriquí). A partir de este jueves, las obras se extenderán a Chepo de Las Minas, Pesé (Herrera) y Los Rosales (Los Santos), así como a comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé, entre ellas Ñürüm y Muná.

El reporte también indicó que más de 600 escuelas oficiales sufrieron daños en su estructura. Por eso, el regreso a clases presenciales será gradual y dependerá de los peritajes de seguridad que realiza el Ministerio de Educación. Esas evaluaciones cuentan con el respaldo técnico de especialistas internacionales llegados desde Venezuela y Costa Rica.