Seis personas inician rehabilitación en el centro de Las Garzas para habitantes de calle
El recinto abrió esta semana con capacidad para 250 personas, pero exige una desintoxicación previa antes de ingresar.
En Las Garzas, seis personas ya comenzaron un proceso de recuperación en el primer Centro de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle del país, que abrió sus puertas esta semana. Detrás de esos ingresos hay meses de acercamientos, intentos fallidos y una pregunta que las autoridades todavía intentan responder: qué se necesita para que una persona acepte dejar la calle y logre mantenerse fuera de ella.
Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social del Municipio de Panamá, reconoce que el problema es complejo. Según la Alcaldía, desde 2024 los equipos municipales han contactado a 1,070 personas en situación de calle, y el 98% presenta trastornos por consumo de sustancias. La funcionaria aclaró que esta cifra corresponde solo a quienes el personal conoció y atendió durante sus recorridos, por lo que no refleja necesariamente el total de personas que viven en esa condición en el distrito.
El recinto tiene capacidad para 250 personas, pero no recibe a cualquiera de forma directa. Está dirigido a quienes tienen problemas de consumo de alcohol o drogas y que ya pasaron por una etapa previa de desintoxicación. Cunningham explicó que, en muchos casos, las personas contactadas en la calle todavía consumen de manera constante y no están dispuestas a iniciar un tratamiento. Para ingresar, cada persona debe firmar un consentimiento informado que confirme su voluntad. Nadie puede ser obligado a entrar, y tampoco puede ser privado de su libertad una vez dentro.
La fase de desintoxicación puede realizarse con el apoyo de organizaciones que trabajan con el municipio, como el Centro Juan Pablo II, en Calidonia, vinculado a la Iglesia católica, y entidades evangélicas como Clamor en el Barrio. Una vez superada esa etapa, el centro elaborará un plan individual para cada usuario, con la participación de psicología, psiquiatría, medicina general, enfermería especializada en adicciones y trabajo social. La permanencia prevista va de seis a 12 meses.
La llegada de los primeros usuarios no fue inmediata. Inicialmente se había previsto el ingreso de 16 personas, pero diez decidieron posponerlo. Algunas pidieron que los equipos regresaran en otra fecha, y otras, vinculadas a distintas organizaciones, también han manifestado interés en entrar.
La directora señaló además que entre las personas contactadas hay adultos mayores en abandono y migrantes en situación irregular, para quienes se han gestionado respuestas distintas. Alrededor del 7% presenta trastornos mentales junto con consumo de drogas, lo que añade dificultades a su atención. Según las estimaciones municipales, la mayoría tiene entre 36 y 54 años, un rango que coincide con la edad productiva.
El costo también es considerable. Cunningham calculó que atender a 50 personas en el centro podría representar entre $400,000 y casi $500,000 al año. La Alcaldía aportará el local, la metodología y la asistencia técnica, el Ministerio de Salud asumirá la atención sanitaria y el Ministerio de Desarrollo Social aportará recursos humanos y apoyo institucional. La Iglesia católica participará en la administración del recinto. La operación se financiará con recursos de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas, vinculada al Ministerio Público, y con subsidios del Ministerio de Desarrollo Social.
