Roxana Méndez renuncia a la dirección de la Autoridad de Descentralización
La funcionaria deja el cargo en medio de las denuncias por la descentralización paralela, y el Gobierno aún no nombra sucesor.
Roxana Méndez presentó su renuncia como directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), cargo que ocupaba desde agosto de 2024 por designación del presidente José Raúl Mulino. La noticia se conoció este jueves 15 de octubre de 2026 y deja sin titular a la entidad encargada de coordinar los fondos que reciben los municipios y las juntas comunales del país.
Durante su gestión, el eje principal fue la investigación de la llamada "descentralización paralela", un esquema de transferencias discrecionales ejecutado en el quinquenio anterior que generó fuertes cuestionamientos ciudadanos.
En septiembre de 2026, Méndez informó que la AND había presentado 353 denuncias formales ante las autoridades competentes por irregularidades en el uso de esos fondos. Según detalló, la Contraloría General de la República auditó 80 casos y encontró serias dificultades para justificar el gasto, lo que le llevó a calcular una posible lesión patrimonial superior a los $44 millones.
En sus 26 meses al frente, Méndez también enfrentó conflictos con autoridades locales. En octubre de 2025, un grupo de representantes y excandidatos presentó una denuncia penal en su contra por presunto abuso de autoridad, tras una resolución de la AND que dejó sin efecto el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) y frenó la solicitud de sus fondos ante el MEF. El caso se mantiene en fase de verificación ante las instancias judiciales y no existe condena en su contra.
En agosto de 2026, la entidad tuvo que sustentar ante la Asamblea Nacional un crédito adicional de $4.2 millones para pagar transferencias adeudadas desde 2022 y 2023 a cinco municipios, las cuales atribuyó a trabas en los refrendos de la administración anterior.
Hasta el momento, el Órgano Ejecutivo no ha confirmado las causas de la renuncia ni ha anunciado quién asumirá la dirección de la AND. La salida abre preguntas sobre la continuidad de las auditorías a las juntas comunales, el seguimiento judicial de las 353 denuncias y el flujo de partidas hacia los gobiernos locales golpeados por la reciente emergencia sísmica.
