Roxana Méndez renuncia a la Autoridad Nacional de Descentralización

Roxana Méndez dejó el cargo de directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), según se informó este jueves 15 de octubre de 2026. Llegó a la institución en agosto de 2024, durante el gobierno de José Raúl Mulino, y encabezó la entidad encargada de coordinar y supervisar los recursos que reciben los municipios y las juntas comunales.

Su gestión estuvo ligada a la revisión de fondos públicos vinculados a la llamada descentralización paralela, un tema que generó fuertes cuestionamientos por el manejo de recursos durante la administración anterior. Uno de los retos principales fue revisar las transferencias millonarias realizadas en ese periodo, tras las dudas sobre el destino del dinero entregado a los gobiernos locales.

En septiembre de 2026, Méndez informó sobre 80 casos auditados por la Contraloría que tenían dificultades para justificar el uso de los fondos. La institución calculó una posible lesión patrimonial superior a los $44 millones en esos expedientes y reportó 353 denuncias relacionadas con la descentralización paralela.

Otro episodio marcó su gestión. En octubre de 2025, representantes y excandidatos a representantes presentaron una denuncia penal contra la funcionaria por presunto abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. La acción cuestionaba una resolución que dejó sin efecto el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) y ordenó no solicitar sus fondos al Ministerio de Economía y Finanzas. Presentar una denuncia no equivale a una declaratoria de culpabilidad, y el avance de ese proceso debe verificarse con las autoridades competentes.

La AND también enfrentó reclamos por transferencias pendientes a gobiernos locales. En agosto de 2026, la institución sustentó un crédito adicional de $4.2 millones para cubrir recursos de 2022 y 2023 correspondientes a cinco municipios. Según las explicaciones, las gestiones de cobro no habían recibido el refrendo necesario, un ejemplo de las dificultades administrativas que pueden retrasar la llegada de fondos a los gobiernos locales.

Aunque estos asuntos forman parte del contexto de su gestión, no hay información verificada que permita atribuirle la renuncia a alguno de ellos. Tampoco se ha confirmado quién asumirá la dirección de la entidad.

La salida abre preguntas sobre la continuidad de las auditorías, el seguimiento de las denuncias y la atención de los compromisos financieros con municipios y juntas comunales.