Residentes de Los Toneles demandan por más de $2.5 millones a constructora y promotora

Los propietarios de las torres residenciales del PH Los Toneles, ubicado en vía España, llevaron a los tribunales un conflicto por el pago de servicios públicos y otros presuntos daños. La demanda civil va dirigida contra Constructora Suárez, S.A. y Promotora El Tecal, S.A., y reclama $2,596,724.60.

El expediente incluye señalamientos por daños estructurales, cobros de agua y electricidad, y otras afectaciones que, según los demandantes, habrían perjudicado económicamente a los copropietarios.

El punto que más polémica ha generado se relaciona con el local comercial donde funciona actualmente la sede principal de la Defensoría del Pueblo. Según los residentes, las facturas de agua de las áreas comunes llegaron a superar los mil dólares al mes. Tras investigar ese consumo, los demandantes afirman que el edificio comercial no contaba con un medidor independiente. Según su versión, después de instalar medidores en 2022, los recibos bajaron de forma considerable. También alegan que estudios técnicos habrían detectado conexiones entre el residencial y equipos del edificio comercial.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que rechaza cualquier interpretación que le atribuya una conducta irregular o el uso ilegal de servicios públicos. La institución aclaró que trasladó su sede al inmueble en enero de 2022, por lo que lleva poco más de cuatro años allí. Añadió que la controversia judicial corresponde a diferencias entre la administración del edificio y Promotora El Tecal, S.A., y no a una demanda contra la entidad.

Sobre el agua, la Defensoría citó el contrato de arrendamiento, cuya cláusula sexta, numeral 2, establece que el arrendador debe mantener al día los impuestos del inmueble y los gastos de agua. En cuanto a la electricidad, sostuvo que sus oficinas cuentan con contratos de suministro propios y que se pagan mensualmente.

Por su parte, Promotora El Tecal, S.A. rechazó en un comunicado las afirmaciones que señalan a la Defensoría de haber robado agua o energía eléctrica. Por ahora, el caso sigue en los tribunales y las partes mantienen posiciones opuestas sobre el origen de los cobros.