Reformas electorales podrían quedar para enero mientras el presupuesto 2027 gana prioridad

El proyecto de ley 699, que modifica el Código Electoral, podría no discutirse en lo que resta del año, según diputados y fuentes legislativas. La principal razón es que el tiempo de sesiones ordinarias no alcanza para tratar este tema polémico y, al mismo tiempo, aprobar el Presupuesto General del Estado para 2027.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen, señaló que quedan pocos días de ordinarias y que el presupuesto es prioritario. El diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, coincidió en que las cuentas del Estado deben ir primero. Advirtió que, si no alcanza el tiempo, podrían convocarse sesiones extraordinarias, y consideró muy probable que la reforma electoral se trate en enero.

Fuentes legislativas aseguran que la directiva ya acordó retomar el tema en enero de 2027, y que el presupuesto también podría verse en extraordinarias. La Constitución prevé dos escenarios si el presupuesto no se aprueba a más tardar el primer día del año fiscal. El proyecto del Ejecutivo entra en vigencia por decisión del Consejo de Gabinete. Si la Asamblea lo rechaza, se prorroga el presupuesto del año anterior, con excepciones para ciertas obligaciones e inversiones. La legislatura ordinaria concluye el 31 de octubre, y el presupuesto de 2027 tiene un monto global de $35,111.75 millones. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto ya fueron avaladas por el Consejo de Gabinete y que el documento regresó a esa comisión.

El proyecto 699 fue aprobado en primer debate el 23 de septiembre, con cambios en las candidaturas por libre postulación, el financiamiento electoral y la posibilidad de conservar dos cargos de elección popular. Está en el punto 174 de la agenda, a la espera del segundo y tercer debate. Su propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos sigue en el centro de la discusión.

El diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno y uno de los proponentes de la mayoría de los cambios, reiteró el 20 de octubre que el financiamiento público debe eliminarse. Dijo que la mayoría de su bancada firmó un documento para derogar los artículos 203 al 230 del Código Electoral. También pidió al contralor una auditoría forense sobre el uso de los fondos de los partidos en los últimos 15 años y retó a sus colegas a debatir el tema.

Magistrados del Tribunal Electoral y la sociedad civil han advertido que eliminar ese financiamiento podría abrir la puerta al narcotráfico. El 19 de octubre, el pleno intentó incluir una cortesía de sala para escuchar a los magistrados, pero los desacuerdos sobre el procedimiento impidieron concretarla. Al día siguiente, los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra aclararon que fueron citados para el debate. El Tribunal rechaza las modificaciones aprobadas en primer debate, a las que considera retrocesos, aunque sostiene que corresponde a la Asamblea decidir si continúa con el proceso.