Distribuidoras podrían perder concesiones por mala calidad del servicio eléctrico

La reforma a la Ley 6 del sector eléctrico, que se discute en la Asamblea Nacional, abre la puerta a que las empresas distribuidoras de electricidad pierdan sus concesiones si incumplen los indicadores de calidad del servicio, las inversiones exigidas o sus compromisos de electrificación rural.

La administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, explicó que el proyecto incluye cinco causales para terminar los contratos de concesión, todas vinculadas a la calidad del servicio y al cumplimiento de obligaciones. Entre ellas figuran el incumplimiento de los indicadores de calidad, de los compromisos de electrificación rural y de las inversiones aprobadas dentro del ingreso máximo permitido.

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, sostuvo que las fallas en el servicio deben tener un costo económico real para las compañías, de manera que sientan el impacto directo de una mala prestación. Según el funcionario, hoy las distribuidoras pueden seguir cobrando la tarifa completa mientras algunos reclamos de los usuarios tardan años en recibir respuesta.

La reforma también obliga a las distribuidoras a cumplir primero determinadas órdenes de la ASEP antes de acudir a los tribunales. Esta regla se aplicaría a los reclamos por aparatos eléctricos dañados por fluctuaciones de voltaje y a los créditos derivados de sanciones que deban reflejarse en la factura. Además, el proyecto elevaría a rango legal la figura del interventor de las empresas distribuidoras.

En cuanto a la cobertura, la Secretaría Nacional de Energía estima que cerca del 5% de los hogares del país no tiene acceso a electricidad, sobre todo en zonas fuera de las áreas de concesión que las empresas consideran poco rentables. La propuesta asigna a la Oficina de Electrificación Rural y a la Secretaría la tarea de identificar las comunidades pendientes, mientras la ASEP trasladaría a las distribuidoras la obligación de extender el servicio hacia ellas. El objetivo es incorporar a unas 58 mil familias que hoy no cuentan con electricidad.

En el terreno de la compra de energía, la iniciativa devuelve a las distribuidoras la responsabilidad de licitar contratos de largo plazo de 10, 15 y hasta 20 años. Según la ASEP, la meta es que las compañías cubran la totalidad de su demanda mediante contratos y dependan menos del mercado ocasional, donde el costo puede ser mayor.

Zelmar Rodríguez indicó que estos cambios, junto con la reducción de un punto en la prima incluida en la tasa de rentabilidad de las distribuidoras, podrían contribuir a bajar las tarifas. Reconoció, no obstante, que el precio de la electricidad también depende de factores como el costo del combustible.