Diputadas de Vamos piden frenar reforma electoral y la califican de inconstitucional

Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos, pidieron a la Asamblea Nacional que detenga el proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral. En un informe de minoría sostienen que el texto no debe avanzar a segundo debate porque, a su juicio, es inconstitucional. Ambas votaron en contra de la propuesta durante el primer debate.

El informe se apoya en un comunicado del Tribunal Electoral emitido el 1 de octubre. Según esa institución, el proyecto original tenía avances importantes, pero los cambios introducidos por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en el primer debate representan retrocesos para el sistema electoral.

Uno de los puntos más cuestionados es el aumento del respaldo que se exige. El texto eleva al 3% de los votos válidos de la última elección general el número de adherentes para inscribir un partido y de firmas para las candidaturas por libre postulación. Las diputadas comparan esa cifra con los datos de la Junta Nacional de Escrutinio, que reportan 1,964,746 votos válidos en 2019 y 2,275,746 en 2024, un crecimiento de 15.8%. Para ellas, el incremento resulta desproporcionado frente al aumento real del electorado.

También objetan los topes de financiamiento privado. El proyecto fija entre $300,000 y $500,000 para candidatos a diputados, y hasta $500,000 para aspirantes a alcalde en distritos de hasta 200,000 electores. Las legisladoras califican esos montos de exorbitantes y advierten que los funcionarios electos podrían sentirse obligados a favorecer a los grandes financistas.

Otros artículos generan reparos. El 104 impide que un partido con dos o más curules por cociente participe en la asignación por resto mayor, algo que el informe considera un grave atentado contra la voluntad popular. El 70 permite que quien gane dos cargos de elección conserve ambos y pida licencia sin sueldo en uno de ellos, lo que, según las diputadas, contradice el artículo 302 de la Constitución, que exige desempeñar personalmente las funciones públicas. Citan además una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 4 de octubre de 2021 sobre la doble postulación.

El informe acusa a la comisión de debilitar herramientas del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral. Mantuvo en tres años la prescripción de la acción penal electoral, cuando el tribunal había sugerido cuatro. Además, reduce las multas por no presentar informes de gastos de campaña: las de los tesoreros de candidatos presidenciales bajan de $4,000 a $2,000, y las de representantes de corregimiento y concejales, de $2,000 a $500. Las diputadas también proponen recortar a la mitad el aporte estatal para las elecciones de 2029, que hoy equivale al 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central y que estiman en unos $158 millones.

Como alternativa, las legisladoras presentaron un texto único. En él fijan el subsidio en 0.5%, exigen a los candidatos independientes reportar ingresos y gastos en línea y en tiempo real, hasta tres días después de cada gasto, y limitan a $1,000 las donaciones en efectivo de una sola fuente. Además, amplían a cinco años la prescripción de los delitos electorales y mantienen en 2% el requisito de firmas. El informe resuelve pedir que el proyecto no pase a segundo debate tal como fue aprobado en primer debate.