Ejecución fallida en Tennessee reabre el debate sobre la inyección letal

Christa Pike, condenada a muerte desde hace tres décadas por un brutal asesinato, iba a ser ejecutada este miércoles en Tennessee. Sin embargo, sobrevivió a dos dosis de la inyección letal y tuvo que ser llevada a un hospital. El Departamento Correccional del estado sostiene que se siguió cada paso del protocolo aprobado por la Fiscalía General.

Los abogados de Pike aseguran que el fármaco no logró detener su ritmo cardíaco y que todavía se le escuchaba respirar e incluso roncar. Añadieron que los temores que la reclusa había manifestado sobre este método se confirmaron. Las autoridades no han explicado por qué las dosis no fueron mortales, y el protocolo estatal tampoco define qué hacer si un preso sigue con vida tras una segunda dosis.

Un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, contratado por el equipo legal de Pike como experto, considera probable que el pentobarbital nunca alcanzó en sangre un nivel suficiente para provocar paro respiratorio y falla cardiovascular. También advierte que el retraso en la reanimación podría causarle una lesión cerebral. Hasta el jueves por la mañana no se conocía su estado de salud, y uno de sus abogados indicó que en el hospital le aplicaban medidas para salvarle la vida.

El gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente y anunció que la próxima ejecución prevista para este año no se realizará como estaba planeado. La madre de Colleen Slemmer, quien había pedido que se ejecutara a Pike, calificó lo ocurrido como un desastre. Según los abogados, Pike había pedido morir ante un pelotón de fusilamiento formado solo por mujeres, por temor a una muerte dolorosa.

La inyección letal es el método más usado en Estados Unidos y también el que registra más ejecuciones fallidas o altamente problemáticas. La mayoría de los estados usa una mezcla de tres medicamentos, pero al menos diez aplican solo pentobarbital, un sedante potente que en dosis altas puede causar la muerte. Una revisión federal del año pasado, hecha durante la administración de Joe Biden, advirtió sobre el potencial del fármaco para causar dolor innecesario.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, más de un tercio de las ejecuciones realizadas en 2022 fueron fallidas o altamente problemáticas. Entre los casos citados están el de Clayton Lockett en Oklahoma, en 2014, y el de Thomas Creech en Idaho, en 2024, a quien intentaron colocar una vía intravenosa en ocho ocasiones antes de suspender la ejecución. Organizaciones de derechos humanos cuestionan además la procedencia de los fármacos y la preparación del personal que los aplica.