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Protesta por agua contaminada en Guadalajara deja nueve detenidos y decenas de heridos

Miles de personas exigían agua potable en el área metropolitana, y la marcha terminó en enfrentamientos frente a la residencia del gobernador de Jalisco. Cuatro detenidos siguen sin localizarse.

Mesa Internacional, 7:01 p.m. · 1 min de lectura
Protesta por agua contaminada en Guadalajara deja nueve detenidos y decenas de heridos

Una manifestación por el agua contaminada en Guadalajara, en el oeste de México, terminó este domingo con al menos nueve personas detenidas, cuatro de ellas con paradero desconocido, y decenas de heridos. Entre los lesionados hubo representantes de la prensa.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias del área conurbada de Guadalajara reciben agua en sus casas con olor a cloaca. Según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que analizó muestras, el líquido contiene metales pesados y heces fecales, y tampoco ha sido clorado.

La protesta reunió a unas 10,000 personas de todas las edades. Los manifestantes salieron pacíficamente desde la glorieta Minerva, pero al llegar a Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, encontraron la zona protegida con vallas que limitaban el acceso a la calle. Algunos quitaron esas barreras y se acercaron a la casa, donde los antimotines los recibieron con amenazas y violencia física.

Los participantes intentaron avanzar empujando a los policías, mientras lanzaban agua sucia y piedras. Los agentes respondieron con gas lacrimógeno y chorros de agua. El enfrentamiento se prolongó durante al menos dos horas.

Según los colectivos organizadores, nueve manifestantes y un periodista de un medio local fueron golpeados y trasladados al interior de Casa Jalisco. Hasta ahora no se conoce su paradero ni su situación jurídica. Los activistas también denunciaron que agentes estatales detuvieron a dos jóvenes cuando se dirigían a la protesta, y que no han sido localizados. Además, una madre y su hija, que iban a participar en la marcha, tampoco aparecen.

El caso pone bajo presión a las autoridades estatales, que deberán aclarar el paradero de los detenidos y explicar tanto la crisis del suministro como el uso de la fuerza durante la movilización.

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