Promotores de Azuero piden entrar en la reconstrucción de viviendas tras el terremoto

La Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero, conocida como Aproviva, pidió al Gobierno que la incluya en los programas de reconstrucción de casas dañadas por el terremoto del 9 de octubre. El gremio sostiene que parte de la solución habitacional podría venir de proyectos residenciales ya construidos y listos para ocupar en varias comunidades de la región.

Su presidenta, Rosa María Espino, indicó que la asociación tiene un inventario aproximado de 150 viviendas, con precios entre $50,000 y $60,000, ubicadas en Ocú, Guararé, Las Tablas, Chitré y zonas cercanas. Según la dirigente, estas propiedades están en áreas urbanizadas con infraestructura desarrollada, por lo que deberían evaluarse dentro de los planes de atención a las familias que perdieron sus hogares.

La propuesta plantea que el Estado contribuya a la compra de estas casas, previa identificación de las familias interesadas en mudarse a sectores urbanizados. Espino reconoció que cada decisión debe considerar las necesidades de las personas y su disposición a trasladarse, aunque señaló que la reubicación también podría abrir nuevas oportunidades.

El plan oficial contempla construir 2,700 soluciones habitacionales. De acuerdo con un balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se registraron 9,124 viviendas afectadas: 2,318 con pérdida total, 5,546 con daños moderados o parciales y 1,260 con daños leves o menores.

Aproviva sostuvo una reunión virtual con representantes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), pero hasta ahora ninguno de sus agremiados participa formalmente en el programa de reconstrucción. Según el gremio, en los primeros acercamientos se habló de reparaciones y remodelaciones, con costos entre $8,000 y $12,000, pero no de construir unidades nuevas desde cero. Las viviendas nuevas que el Miviot tiene previstas costarían entre $25,000 y $28,000, con un máximo de $32,500. Los promotores aún esperan respuestas sobre los mecanismos de contratación, las condiciones de ejecución, las garantías y los plazos de pago.

Espino señaló que la exigencia de fianzas de cumplimiento es uno de los principales obstáculos. Según explicó, las autoridades les indicaron que cada promotora podría recibir 50 casas, pero esas obras requerirían fianzas que obligarían a disponer de recursos adicionales. La dirigente advirtió que esto resulta difícil para empresas de la región, que ya enfrentaban una fuerte caída en las ventas antes del sismo. Además, dijo desconocer si la modificación del fideicomiso de la emergencia, administrado por el Banco Nacional de Panamá, podría ayudar a cubrir esas fianzas.

Aproviva también mantiene conversaciones con la iniciativa privada Reconstruye, con la que espera aportar logística, materiales y mano de obra local para levantar viviendas destinadas a las familias damnificadas. Espino insistió en que la recuperación habitacional puede generar empleo y dinamizar la economía de las comunidades afectadas.