Informe indica que Procuraduría habría conocido alerta sobre créditos fiscales en la DGI

Según un informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), elaborado por la sargento segundo Jazmín Navarro, la Procuraduría General de la Nación habría tenido conocimiento del escándalo de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos (DGI) antes de que, en mayo de 2025, llegara una denuncia anónima sobre el caso. El documento sostiene que, desde hace ocho años, las autoridades habrían sido advertidas sobre la presunta manipulación del sistema e-Tax 2.0.

El antecedente más antiguo corresponde a 2017, cuando la empresa Krishel Investments presentó una denuncia administrativa por la cesión irregular de créditos valorados en $136,958.34 hacia las cuentas de Bonay Internacional Holding S.A. Según el expediente, esta última no tenía una actividad económica real que justificara esos saldos, pero las transacciones se realizaron. La queja no habría tenido respuesta en la Procuraduría, que entonces dirigía Kenia Porcell. Tiempo después trascendió que el expediente había sido cerrado.

La DIJ señala que la omisión de, al menos, tres exprocuradores habría permitido que el esquema siguiera funcionando, con la supuesta participación de funcionarios y particulares, algunos de ellos con procesos judiciales en curso. También se menciona a las administraciones de Eduardo Ulloa (2020-2021) y Javier Caraballo (2021-2024), que tampoco habrían tomado medidas.

La entrevista judicial de Eduardo Silvestre López, exfuncionario de la DGI, indica que Caraballo tenía relación con un hombre identificado como Luis G., socio de H. Luna y O. Palacios, a quienes Silvestre López habría señalado como cabecillas de la operación, junto a Rina Arza, exsupervisora de fiscalización de la DGI. Las conversaciones extraídas del celular de Silvestre López por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) muestran que el nombre del entonces procurador aparecía entre sus comunicaciones.

El 23 de julio de 2024, Silvestre López mencionó por primera vez a Caraballo en un intercambio con Arza, en el que comentaban una supuesta reunión del exprocurador con un familiar de la propietaria que denunció las irregularidades. Arza afirmaba que Caraballo respaldaría a una persona, sin identificar en los mensajes, para evitar problemas. Cuando se le preguntó a quién se refería, Silvestre López respondió que al fiscal general de Panamá, lo que, según el informe, confirmaría que se trataba de quien estaba al frente de la Procuraduría.

El apellido del exprocurador volvió a aparecer al mes siguiente, tras un encuentro con Gaitán, identificado como allegado a Caraballo. En esa conversación, Arza preguntó a Silvestre López qué le había parecido Luis, y él respondió que era serio y responsable, y que lo presentó para que se sintiera más seguro, pues la persona con la que hablaba era el propio Caraballo.

Las conversaciones y el informe indican que la manipulación del sistema tributario se gestó mientras quienes debían investigar lo ocurrido tenían conocimiento de los hechos. Según el documento, el círculo cercano de esas autoridades estaría integrado por personas presuntamente vinculadas al caso, situación que plantea interrogantes sobre la imparcialidad y objetividad de sus investigaciones.