Presupuesto 2027 avanza a tercer debate con nuevas excepciones de contratación
La Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto 644 por $35,111.7 millones, mientras una reforma al artículo 370 amplía los casos en que las instituciones pueden contratar sin la ley de compras públicas.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027 por $35,111.7 millones. La votación fue de 51 votos a favor y 20 en contra, sin abstenciones. La discusión se extendió por más de 16 horas, con dos rondas de discursos, y se retomó en la tarde del jueves 29 de octubre tras un receso decretado en la madrugada.
Del total, $12,839.7 millones (36.6%) se destinan a inversión y $22,272 millones (63.4%) a funcionamiento. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, respondió las preguntas de los legisladores junto a su equipo. Defendió el proyecto por su aporte a la sostenibilidad de las finanzas públicas y por la eficiencia y transparencia que, según dijo, busca en el uso de los recursos.
El tema que más polémica generó fue una propuesta para reformar el artículo 370. Los diputados Benicio Robinson, del PRD; Manuel Cohen, de Cambio Democrático, y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, plantearon ampliar la lista de instituciones que pueden contratar hasta por $1 millón sin aplicar la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. La sesión, convocada para las 11:30 a.m., empezó a reanudarse después de las 2:00 p.m., y según diputados consultados, el retraso se debió a la búsqueda de votos para la reforma.
La versión inicial incluía al Metro de Panamá y sus subsidiarias, al Idaan, a Etesa, a la Autoridad de Aseo, al Aeropuerto de Tocumen y a varios ministerios, además de los municipios. En la madrugada del jueves, Robinson retiró esa redacción y presentó otra que solo eliminó la palabra "municipios". El texto conserva una definición amplia de instituciones que atienden asuntos de interés general, lo que, según la propia norma, permitiría a los gobiernos locales acogerse a la excepción. Para usarla bastaría alegar situaciones fortuitas, de urgencia o de interés público. Cada entidad tendría que publicar una lista de los bienes y servicios que comprará así y adoptar un reglamento especial aprobado por la Contraloría General y publicado en la Gaceta Oficial.
Chapman se distanció de la reforma. Aseguró que su despacho no la propuso y que el Ministerio de Economía se mantuvo al margen de las conversaciones entre diputados. Sostuvo que el artículo no implica dinero adicional y que no tiene impacto en las cifras del presupuesto. Ante preguntas sobre la transparencia, se comprometió a fiscalizar de forma rigurosa las compras que se hagan bajo esa excepción mientras esté en el cargo.
La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, calificó la modificación como muy grave por abarcar prácticamente a todo el gobierno, y advirtió que podría existir un negociado. Los diputados de Vamos presentaron iniciativas para reforzar la transparencia en contrataciones especiales, regular viáticos, consultorías y traslados de partidas, pero no obtuvieron los votos necesarios. Durante el debate, legisladores de Vamos y de la bancada Seguimos también cuestionaron el gasto en publicidad y el crecimiento de la planilla estatal.
El proyecto 644 deberá aprobarse en tercer debate este viernes 30 de octubre. La Asamblea, presidida por la diputada Shirley Castañedas, cierra sus sesiones ordinarias el sábado 31 de octubre, por lo que el tiempo para completar el trámite es limitado.