Presidenta de Costa Rica defiende la mano dura inspirada en Bukele
Laura Fernández inauguró una prisión de máxima seguridad al estilo salvadoreño y elogió el modelo de su homólogo, cuestionado por abusos en su guerra antipandillas.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió su política de mano dura contra el crimen, inspirada en la estrategia de seguridad del salvadoreño Nayib Bukele. La mandataria llegó a San Salvador para una visita oficial, en la que también recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas. Fernández calificó ese lugar como un monumento a la justicia.
Antes de esa visita, Fernández inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una prisión de máxima seguridad basada en el modelo de la megacárcel salvadoreña. Según expuso, combatir el crimen con mano dura no implica renunciar a los derechos humanos, que, afirmó, su país ha defendido históricamente.
Durante una conferencia de prensa junto a Bukele, la presidenta explicó que su estrategia incluye mayor coordinación policial, inteligencia contra el narcotráfico, vigilancia de puertos y aeropuertos, y cooperación con Estados Unidos y El Salvador. También elogió las reformas legales con las que Bukele castiga la pertenencia a pandillas, y dijo que una iniciativa parecida en Costa Rica está cerca de convertirse en ley.
Bukele, por su parte, reconoció las dificultades políticas que enfrenta Fernández para impulsar estos cambios y aseguró que hay mucha oposición a sus propuestas de reformas y de colaboración entre los poderes del Estado. Fernández acusó al Poder Judicial de permitir la liberación de delincuentes, un problema que describió como un elefante metido en una cristalería.
La visita terminó con la firma de un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional.
Sin embargo, opositores y activistas costarricenses cuestionan que el país, reconocido internacionalmente por su tradición de respeto a los derechos humanos, adopte políticas similares a las salvadoreñas. El debate se da en un contexto de críticas al modelo de Bukele. Expertos de Naciones Unidas advirtieron que los abusos cometidos durante la ofensiva antipandillas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La organización Socorro Jurídico sostiene que una tercera parte de los 93.000 detenidos bajo el régimen de excepción, vigente desde 2022, son inocentes, y denunció más de 500 muertes bajo custodia estatal.
