Poderes del Estado en emergencia tras el terremoto de magnitud 7.5

El Estado panameño sigue funcionando a medio gas cinco días después del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país el 9 de octubre. El Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral y la Contraloría cambiaron sus agendas, su presencia física y sus procedimientos, mientras las réplicas continúan. Hasta el lunes, los sismólogos habían registrado más de 350 réplicas, y Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé son las provincias más golpeadas.

El Consejo de Gabinete se reunió de forma extraordinaria el sábado 10 de octubre, presidido por Mulino, y declaró el estado de emergencia nacional. En esa misma sesión creó una comisión de alto nivel para coordinar la ayuda humanitaria, gestionar donaciones y planificar la reconstrucción. La integran Juan Carlos Orillac, José Ramón Icaza y Mirna Luque. Los ministros volvieron a reunirse el domingo, el lunes y el martes. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que la economía no se detendrá.

En la Asamblea, el Cuerpo de Bomberos recomendó un estudio estructural más profundo de los edificios. La junta directiva suspendió las actividades parlamentarias del lunes, y la presidenta Shirley Castañedas autorizó el teletrabajo del 12 al 15 de octubre para buena parte del personal. Desde el martes, el pleno sesiona en la sede del Parlatino, en Amador, y lo hará hasta el jueves. El Legislativo tiene pendientes el segundo y tercer debate de las reformas electorales y el debate del Presupuesto General del Estado para 2027.

En el Órgano Judicial, la Corte Suprema suspendió términos y labores en todo el país el viernes. El domingo, tras evaluar daños, reanudó sus actividades, pero las de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas siguen en pausa. La Procuraduría mantiene abiertas sus oficinas de atención primaria para recibir denuncias y habilitó sedes alternas en la capital y en San Miguelito mientras revisa sus instalaciones.

El Tribunal Electoral reportó daños considerables en 19 de sus sedes regionales y distritales. La sede principal, en Ancón, sigue atendiendo Registro Civil, cedulación y organización electoral, pero la atención al público continúa suspendida en varias oficinas de Veraguas, Herrera y Los Santos. Por su parte, la Contraloría flexibilizó sus controles para garantizar la atención inmediata. Las juntas comunales pueden usar fondos para comprar alimentos, agua y artículos de primera necesidad, y los vehículos oficiales pueden circular sin salvoconducto para trasladar heridos.

Otras instituciones también ajustaron sus servicios. El Ministerio de Educación suspendió las clases en todo el país, y algunos colegios particulares reabrieron el martes, mientras otros ofrecen clases virtuales. La Caja de Seguro Social cerró temporalmente varias instalaciones y suspendió la consulta externa en Herrera y Los Santos. La Autoridad Marítima mantiene cerrados varios puertos estatales.

En el terreno, el Gobierno desplegó 7,100 miembros de los estamentos de seguridad, 1,100 funcionarios y voluntarios de Sinaproc y 460 bomberos. Estados Unidos anunció una ayuda de $5 millones. Mulino pidió paciencia y advirtió que la reconstrucción tomará meses.