Piden simplificar procesos para agilizar las contrataciones públicas en Panamá
El Gobierno prepara una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas que modifica al menos 19 artículos, mientras economistas plantean cambios de fondo.
El Gobierno prepara un proyecto para reformar la Ley de Contrataciones Públicas, con el que busca modernizar la norma y fortalecer la transparencia, la integridad, la eficiencia y la seguridad jurídica de las compras del Estado. Según la información disponible, la propuesta modifica al menos 19 artículos del texto vigente.
El exministro de Economía Frank De Lima señaló que, cada vez que se reforma esta ley, la meta es que los procesos sean más rápidos y transparentes, y que el Estado logre el mejor precio por los bienes y servicios que adquiere. Agregó que los avances tecnológicos también ayudan a que la normativa se vaya actualizando.
Por su parte, el economista Salomón Samudio considera que el punto clave es simplificar los procedimientos. En su criterio, la ley contempla una serie de pasos muy largos, además de garantías excesivas para presentar reclamos. Propuso que las etapas de reclamo se ubiquen al final de la fase de ejecución del contrato, ya que hoy esa parte del proceso es virtual, bastante mecánica y transparente.
Samudio también planteó que se permita a las instituciones que compran equipos tecnológicos de alta gama, como las universidades, precalificar empresas que funcionen como pequeños convenios marco. Según explicó, esto les permitiría contratar proveedores de forma más ágil. Asimismo, sugirió que se permita hacer pedidos directos por un año, según la necesidad de cada entidad, para usar el presupuesto de manera eficiente.
El economista defendió que existan más convenios marco, a los que considera la forma más eficaz de contratar. Además, propuso que la Contraloría tenga un plazo perentorio para emitir refrendos, pues las demoras afectan el presupuesto de las instituciones.
El proyecto deberá ser presentado a la Asamblea Nacional para su discusión y debate. La ley vigente fue sancionada durante el gobierno de Martín Torrijos, por lo que una eventual reforma buscaría ponerla al día con las necesidades actuales del Estado.