Promotora niega consumo irregular de agua y luz en sede de la Defensoría

La Promotora El Tecal, S.A., propietaria y arrendadora del inmueble donde funciona la sede principal de la Defensoría del Pueblo, rechazó las acusaciones sobre un supuesto consumo irregular de agua y electricidad. La empresa negó que la institución se haya apropiado de manera ilegal de ambos servicios.

El pronunciamiento llega después de una demanda presentada por residentes del PH Los Toneles, ubicado en Vía España. La promotora explicó que las instalaciones ocupadas por la Defensoría cuentan con medidores independientes para agua y luz, y defendió las condiciones bajo las cuales la entidad opera como arrendataria del inmueble.

Los residentes reclaman presuntas irregularidades en el suministro y la facturación de servicios públicos, además de otros asuntos relacionados con el edificio. Según los propietarios, el pago por agua llegó a alcanzar hasta B/.1,000. Después de corregirse la situación que cuestionaban, las facturas bajaron a unos B/.25 mensuales. La información disponible describe el proceso de forma distinta, pues en algunos casos se menciona como demanda civil y en otros como denuncia penal.

La defensora del pueblo, Ángela Russo, se reunió con los propietarios del PH tras una denuncia por conexiones ilegales en las oficinas de la institución, que según el reclamo habrían incrementado las facturas durante varios años. Los residentes también han planteado dudas sobre el suministro eléctrico, pero la fuente aclara que corresponde a las autoridades competentes determinar si hubo irregularidades y establecer posibles responsabilidades.

La Defensoría aclaró que ocupa las instalaciones del PH desde enero de 2022, y rechazó versiones que hablaban de 15 años de funcionamiento en el edificio. Explicó que su contrato de arrendamiento establece que el propietario debe asumir los gastos del agua. En cuanto a la electricidad, indicó que mantiene contratos de suministro y que realiza los pagos cada mes.

La institución sostiene que la controversia judicial corresponde a diferencias entre la administración del inmueble y la promotora, y rechazó cualquier señalamiento que le atribuya una apropiación ilegal de servicios públicos. El caso sigue bajo la revisión de las instancias competentes.