Panamá rechaza intervención militar en Nicaragua y pide elecciones libres en la OEA

El Gobierno de Panamá se opuso este viernes 2 de octubre a una eventual intervención militar en Nicaragua. Durante una reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el país defendió una salida diplomática que respete la soberanía nicaragüense y permita que la ciudadanía decida su futuro mediante elecciones y mecanismos democráticos.

La representante permanente de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, presentó la postura del país en la sesión convocada para analizar la situación política y de derechos humanos en Nicaragua. Delgado aclaró que Panamá no respalda una invasión, ni la imposición de un gobierno, ni la creación de una oposición desde afuera. Según la diplomática, defender los derechos democráticos de los nicaragüenses no equivale a un llamado a la acción armada, y existe un amplio espacio para la presión diplomática entre el silencio y la fuerza.

En su intervención, Delgado también recordó la experiencia histórica de Panamá con intervenciones extranjeras y subrayó el peso que el país da a principios como la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

La discusión ocurre en un contexto de preocupación regional. Nicaragua atraviesa una grave crisis sociopolítica desde 2018. En la misma jornada, la OEA aprobó por unanimidad una resolución que exige la realización de elecciones y la liberación incondicional de los presos políticos. El texto también pide recuperar la separación de poderes, informar sobre el paradero de personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella. La resolución no establece sanciones concretas contra el gobierno encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Secretaría General de la OEA había reiterado su llamado a excarcelar a personas detenidas por razones políticas y sostuvo que las soluciones democráticas duraderas deben surgir de procesos nacionales, con participación de partidos, sociedad civil y otros sectores.

El tema electoral sigue en el centro del debate. En julio de 2026, Daniel Ortega afirmó que no habría más elecciones, pero el gobierno luego moderó esa postura y avanzó con reformas constitucionales sobre el sistema electoral. En septiembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma que amplía de seis a siete años los mandatos de las autoridades elegidas por voto popular y restringe el acceso a cargos públicos y la participación política de personas incluidas en determinadas categorías. Como se trata de una reforma constitucional, deberá ser ratificada en una segunda legislatura, prevista para enero de 2027.

Panamá ya había expresado meses atrás, durante la Asamblea General de la OEA, su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, y había defendido el multilateralismo como vía para atender las crisis institucionales de la región.