Panamá propone nueva ley de cine para atraer rodajes internacionales

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 40-26, una iniciativa que pretende modernizar la industria cinematográfica y audiovisual del país. Según la propuesta, la nueva normativa ofrecería incentivos renovados, reglas más claras para los inversionistas y mejores oportunidades de crecimiento para quienes trabajan en el sector.

El texto plantea derogar la Ley 16 de 2012, que establece el régimen especial de la actividad cinematográfica y audiovisual, y reemplazarla por un marco jurídico actualizado. La meta declarada es que Panamá sea más competitivo frente a otros mercados que también buscan atraer producciones de cine y televisión.

Entre las medidas incluidas figuran el fortalecimiento del Fondo Cine, programas de formación profesional, acciones para impulsar la producción nacional y mecanismos para captar rodajes extranjeros. El proyecto también busca mejorar la coordinación entre las instituciones que intervienen en el desarrollo de estos proyectos, así como promover la preservación de las obras audiovisuales y su circulación internacional.

La exposición de motivos explica que la ley vigente fue redactada cuando la industria panameña apenas empezaba, por lo que se apoyó sobre todo en experiencias legislativas de otros países. Desde entonces, el país ha producido poco más de 100 películas y el sector ha ganado experiencia y mayor organización, lo que, según el Gobierno, exige una actualización.

El documento advierte que Panamá compite con naciones como Colombia, República Dominicana, Uruguay, México, Chile y España, que ya cuentan con incentivos, infraestructura y mecanismos institucionales que facilitan la llegada de producciones internacionales. Frente a ese escenario, el proyecto busca mejorar las condiciones para atraer inversión extranjera y estimular la producción local.

El Gobierno sostiene que una industria audiovisual más fuerte podría impulsar el turismo y generar empleos creativos, técnicos y vinculados a servicios, logística, tecnología y educación.

Tras la aprobación, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quedó facultada para presentar la iniciativa ante la Asamblea Nacional, donde deberá seguir su discusión y trámite legislativo.