Panamá defiende ante la OEA el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes

Panamá defendió ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes y a reemplazarlos mediante mecanismos democráticos. El planteamiento fue expuesto por la embajadora Ana Irene Delgado durante una intervención en ese organismo regional.

Según explicó la diplomática, la democracia no se agota en unas elecciones. Para el Gobierno panameño, también exige Estado de Derecho, respeto a los derechos fundamentales, independencia de las instituciones, libertad ciudadana, pluralismo político y separación de poderes.

Delgado sostuvo que la preocupación de Panamá por Nicaragua parte de la defensa del derecho de su población a decidir su futuro político. Al mismo tiempo, aclaró que no corresponde a Panamá determinar quién debe gobernar en ese país, aunque sí le corresponde respaldar que los nicaragüenses puedan elegir y reemplazar a sus autoridades por la vía democrática.

La embajadora también hizo referencia a las inquietudes planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según ese organismo, existen declaraciones sobre la posibilidad de que Nicaragua no vuelva a celebrar elecciones, así como iniciativas constitucionales que restringirían la competencia política y las condiciones para la alternancia en el poder.

Delgado descartó que Panamá plantee una intervención militar o la imposición de un gobierno. Dijo que existe un amplio espacio para la acción diplomática entre el silencio y la fuerza. Además, insistió en que la posición panameña no responde a una ideología ni favorece a un partido político, sino a un principio: que los pueblos tienen derecho a escoger a sus gobernantes.

En cuanto a la soberanía, la embajadora pidió respetar la de Nicaragua, pero distinguió entre la soberanía del Estado frente a otros países y la soberanía política de los ciudadanos frente a su propio gobierno. Cerró su intervención señalando que el voto entrega un mandato y no la propiedad del Estado, y que ningún gobernante, partido o familia puede adueñarse del pueblo.