Panamá debate si necesita elecciones legislativas a mitad de período

En Estados Unidos, el pasado 3 de noviembre, en plena mitad del mandato presidencial, los votantes cambiaron la mayoría en ambas cámaras del Congreso. A partir de ese hecho, un abogado e investigador de la Universidad Santa María La Antigua plantea que Panamá debería discutir la posibilidad de celebrar elecciones legislativas intermedias.

Según el autor, el modelo no es exclusivo de Washington. En Argentina se renueva la mitad de la Cámara de Diputados cada dos años, y en México los diputados federales se eligen cada tres años, a mitad del sexenio. En Panamá, en cambio, la ciudadanía debe esperar cinco años para cambiar a sus diputados.

La propuesta central consiste en enmendar el artículo 148 de la Constitución, que fija un período de cinco años para los diputados y establece que son elegidos el mismo día que el presidente. Una reforma permitiría realizar comicios legislativos a mitad del período. El columnista aclara que la medida no buscaría reemplazar el mandato presidencial, sino ofrecer una evaluación ciudadana intermedia del poder.

El argumento tiene dos ejes. Por un lado, separar los ciclos electorales del Ejecutivo y del Legislativo evitaría que ambas mayorías respondan a la misma dinámica política. Por otro, el autor sostiene que, si los representantes saben que deberán someterse de nuevo al voto, disminuye el incentivo para usar recursos públicos y relaciones partidistas como forma de asegurar votos, lo que ayudaría a reducir el clientelismo.

Como ejemplo, el texto imagina una Asamblea que, durante sus dos primeros años, aprobara decisiones cuestionadas o se negara a fiscalizar al Ejecutivo. Hoy, la ciudadanía tendría que esperar a las siguientes elecciones generales para corregir ese rumbo. Con la enmienda, podría renovar representantes a mitad del período e incorporar nuevos candidatos y organizaciones ciudadanas.

El autor precisa que las urnas no serían el único control del poder. Según la doctrina constitucional que cita, las elecciones y los contrapesos institucionales se complementan, y las consultas intermedias serían un punto de partida para fortalecer la fiscalización legislativa. El texto, sin embargo, no detalla costos, plazos ni el procedimiento necesario para aprobar la reforma.