Juez ordena detención provisional a exsubdirectora de la DGI Maritza Ureña

La exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña, quedará detenida provisionalmente mientras avanza la investigación en su contra. La decisión fue tomada por la juez de garantías Lizeth Quintero en una audiencia realizada el miércoles 23 de septiembre, un día después de que Ureña fuera aprehendida en su residencia de Cerro Viento, en San Miguelito, dentro de un operativo llamado Tamías.

Antes de dictar la medida cautelar, la magistrada le imputó los cargos de enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales. La defensa, a cargo del abogado Harry Iglesias, apeló la detención y alegó, entre otros argumentos, que su clienta tiene 64 años de edad. La audiencia ante el Tribunal de Apelaciones quedó fijada para el 12 de octubre.

La investigación nace de una auditoría forense de la Contraloría General de la República. Según ese examen, durante su gestión en la DGI, entre 2019 y 2024, Ureña manejó cerca de $1.01 millones, pero solo logró sustentar recursos de fuente conocida por unos $585 mil. La diferencia, de alrededor de $428 mil, es la que se investiga, ya que la exfuncionaria no ha podido justificarla.

Durante la audiencia, la fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa describió movimientos inusuales en las cuentas bancarias de Ureña. Indicó que en abril de 2026 una de las cuentas tenía $183,000, pero ese dinero fue retirado. En otra, había $247,794 al 30 de abril, aunque en mayo casi no quedaban fondos. Un patrón similar se observó en cuentas que tenía en tres bancos, y una de esas entidades emitió una alerta por posibles irregularidades. La fiscal también señaló que, el día de la aprehensión, los agentes encontraron $800 en efectivo en la residencia.

El caso también involucra a su hijo, Luis Acevedo Ureña, abogado, quien estuvo presente en la audiencia. Entre las operaciones mencionadas figura la compra en efectivo de una camioneta RAV por poco más de $30 mil. Asimismo, se investiga un depósito de $75,723.78 a la Fundación Milamar, de la que Acevedo es presidente y su madre secretaria. La fiscalía revisa además movimientos vinculados a la Fundación Dorimar.

El patrimonio bajo análisis incluye la adquisición de unas ocho propiedades. Una finca en Coclé, por ejemplo, habría costado $69 mil y se pagó al contado. También hay otras operaciones inmobiliarias, cancelaciones de hipotecas y desembolsos y transferencias por Yappy y entre cuentas bancarias.

El nombre de Acevedo Ureña se relaciona con el exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, de quien fue socio y es persona de confianza. Carrizo también es investigado por enriquecimiento injustificado, pero en una causa que, por ahora, no guarda relación con la de Ureña.