Ordenan detención provisional a exdirector de Finanzas de BAC por caso Pandora

La jueza de garantías Sandra Castillo ordenó la detención provisional de Arnold Salgado Galeano, exdirector de Finanzas de BAC Panamá, mientras avanzan las investigaciones de la operación Pandora. El caso indaga una presunta estructura dedicada a manipular créditos fiscales dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La audiencia, que se extendió por casi siete horas, se realizó el martes 6 de octubre. En ese acto, la magistrada imputó a Salgado Galeano los delitos de delincuencia organizada y delito financiero. Antes, durante la primera parte de la diligencia, la jueza había declarado legal su aprehensión.

Según la Fiscalía, existen elementos que vinculan al exejecutivo bancario con una red que operaba dentro de la DGI. De acuerdo con la investigación, en esa estructura habrían participado funcionarios, abogados, intermediarios y particulares. Los investigadores sostienen que la plataforma e-Tax 2.0 fue manipulada para generar y negociar créditos fiscales de manera fraudulenta.

Las investigaciones previas estiman una posible lesión patrimonial al Estado de al menos $40 millones. Esa cifra es parte de la hipótesis que manejan los investigadores y todavía debe ser comprobada en el proceso.

Salgado Galeano fue aprehendido el lunes 5 de octubre durante un allanamiento en una residencia de Condado del Rey. En el operativo, las autoridades recabaron equipos tecnológicos y documentos relacionados con el caso.

La Fiscalía presentó además un testimonio que señala que el exejecutivo habría recibido $50 mil para presuntamente agilizar pagos a sociedades intermediarias que comercializaban créditos fiscales con BAC Panamá.

Por su parte, BAC Panamá ha sostenido públicamente que adquirió los créditos fiscales de forma lícita, con base en las certificaciones y validaciones oficiales emitidas por la DGI. La entidad afirma que mantiene su colaboración con las autoridades.

La jueza consideró que la detención provisional era la medida cautelar más idónea en esta etapa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos y la presunta afectación a la economía nacional. Los señalamientos aún deben ser probados en el proceso.