Nueva ley de descuentos a jubilados reabre debate sobre quién asume el costo

La Ley 562 de 2026 reforma la Ley 6 de 1987, que concede beneficios a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá. La norma cubre a los panameños jubilados y pensionados, a las mujeres de 55 años o más y a los hombres de 60 años o más. También incluye a extranjeros con residencia permanente, desde los 57 años en el caso de las mujeres y los 62 en el de los hombres.

La ley obliga a las personas naturales o jurídicas a conceder el descuento cuando se les solicite. Si un establecimiento se niega, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) puede sancionarlo con multas que van desde B/.50 hasta B/.5,000.

La Ley 6 de 1987 ya fijaba descuentos obligatorios para este sector, pero el manejo contable de esos descuentos ha sido un tema controvertido. Según su artículo 6, los descuentos se podían deducir del Impuesto sobre la Renta, aunque no como crédito fiscal, sino como gasto. Con una tasa de 25 %, el comerciante recuperaba apenas B/.0.25 por cada dólar descontado, lo que en la práctica dejaba una pérdida de B/.0.75 por dólar, según el análisis que recoge la fuente.

La Ley 192 de 2020 cambió esa regla, pero solo para restaurantes y establecimientos de comida rápida. En esos casos, los descuentos pasaron a ser créditos fiscales contra el impuesto por pagar, y podían transferirse. La Dirección General de Ingresos ajustó el formulario de declaración jurada en 2022 para reflejar ese cambio.

La nueva ley amplía los beneficios a tratamientos oncológicos, equipos médicos, alquiler y mantenimiento de dispositivos de asistencia, adecuaciones de vivienda, servicios funerarios, pañales para adultos y varios servicios financieros y registrales. También introduce nuevas obligaciones para informar precios y reglas específicas para acreditar la condición de beneficiario.

El punto más relevante para los comerciantes está en el nuevo artículo 6. La Ley 562 elimina la referencia al crédito fiscal y establece que todos los descuentos y concesiones serán deducibles del Impuesto sobre la Renta del contribuyente que los otorgue. Con este cambio vuelve a plantearse una pregunta de fondo: quién termina cargando con el costo de estos beneficios, si el comerciante o el Estado.