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Nueva fiscal electoral frena contrato de $160,500 para monitorear redes sociales

La Contraloría devolvió el proceso con observaciones y la fiscal María Eugenia Pérez pidió anularlo por considerarlo innecesario.

Mesa de Política, 12:02 a.m. · 2 min de lectura
Nueva fiscal electoral frena contrato de $160,500 para monitorear redes sociales

La Fiscalía General Electoral (FGE) tramitaba un contrato directo por $160,500 con la empresa Brain PBD, S.A. El objetivo era contratar el monitoreo y análisis de la conversación pública en medios de comunicación y redes sociales. La gestión había sido impulsada por la fiscal electoral encargada, Ana Raquel Santamaría, en abril pasado.

La Contraloría General de la República, responsable del refrendo, devolvió el expediente a la Fiscalía tras hacer varias observaciones y pedir algunas subsanaciones. Con ese revés institucional, el proceso quedó detenido.

La nueva fiscal electoral, María Eugenia Pérez, asumió el cargo el 9 de septiembre y solicitó anular el contrato. Explicó que el monitoreo de redes sociales forma parte del trabajo de fiscalización, pero que no consideraba necesario un contrato de ese tipo. Durante la sustentación del presupuesto de la entidad ante la Asamblea Nacional, afirmó que tuvo la oportunidad de frenarlo.

En esa misma sesión, el diputado Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, cuestionó la contratación. Indicó que muchas entidades recurren a contrataciones directas para este tipo de servicio, aunque advirtió que estos procedimientos excepcionales tienden a prestarse a irregularidades. Propuso que dos funcionarios de la propia institución realicen el monitoreo, lo que, según dijo, generaría un ahorro.

Santamaría, presente en la reunión, explicó las razones de su gestión. Dijo que la empresa le presentó una propuesta que consideró oportuna por la cercanía de las elecciones internas de los partidos y la apertura del proceso electoral. El contrato tendría vigencia durante el año fiscal 2027. Sostuvo que la entidad suele enterarse de situaciones políticas horas o días después, sin poder reaccionar de inmediato, y que el monitoreo permitiría responder en el momento.

Según la información del caso, la empresa, cuyo representante legal es Juan Alberto Álvarez Martínez, planeaba un monitoreo los siete días de la semana, las 24 horas del día.

Sobre el presupuesto, Pérez indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó a la FGE una asignación de $9.1 millones, un 10% menos de lo solicitado. Explicó que el presupuesto venía en aumento, pero que para la vigencia fiscal 2027 caería de forma significativa. En 2025 fue de $9.4 millones, mientras que el actual asciende a $10.2 millones.

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