Navi Pillay, la jueza que pasó del apartheid a denunciar un genocidio en Gaza

Navi Pillay nació en 1941 en Durban, Sudáfrica, en una familia humilde de origen tamil. Su padre trabajaba como conductor de autobús y la familia, con siete hijos, vivía las consecuencias de la discriminación que imponía el régimen del apartheid contra la población negra.

Pillay fue pionera en muchos espacios. En 1967 se convirtió en la primera mujer sudafricana en abrir un bufete de abogados en Natal, la provincia donde nació y estudió, aunque en un sistema que la clasificaba como persona "de color". Desde ahí se dedicó a defender a activistas contra el apartheid, a denunciar casos de tortura y a proteger los derechos de presos políticos enviados a la prisión de máxima seguridad de la isla de Robben. Su esposo, Gaby Pillay, también abogado y opositor del régimen, fue detenido varias veces.

Tras el fin del apartheid y una especialización en la Universidad de Harvard, en 1995 fue nombrada como la primera magistrada de color en el Tribunal Superior de Sudáfrica. Ese mismo año fue elegida jueza del Tribunal Penal Internacional creado para juzgar los crímenes del genocidio de Ruanda. Ocupó el cargo durante ocho años, fue la única mujer en la primera mitad de ese periodo y después presidió el tribunal. Se le reconoce su papel en el fallo que estableció que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir actos de genocidio, un precedente importante en el derecho penal internacional.

En 2008 asumió como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la tercera mujer en ocupar ese cargo y la primera que no era anglosajona ni procedía de Europa. Su defensa del aborto seguro llevó a Estados Unidos a oponerse inicialmente a su nombramiento, veto que luego retiró. Durante los seis años al frente de ese organismo, considerado la voz moral de la ONU, promovió la aplicación universal de los derechos humanos y la protección de migrantes, pueblos indígenas y personas LGTBI, y denunció a gobiernos poderosos, lo que la puso en la mira de varios de ellos.

Su mandato incluyó también crisis como la guerra civil en Siria, que se extendió entre 2011 y 2024, donde criticó la inacción de las grandes potencias ante la magnitud de los crímenes. En Sri Lanka, durante la guerra civil entre 1983 y 2009, sostuvo que el gobierno no hacía lo necesario para rendir cuentas y que el caso requería una investigación internacional.

Desde 2021 presidió la Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, cargo que dejó a finales de 2025. Desde 2014 había denunciado el alcance de las operaciones militares israelíes y su daño a civiles. Como presidenta de la comisión, se convirtió en la voz que afirmó públicamente que lo ocurrido en Gaza constituía genocidio, y señaló como responsables a los principales líderes del país, incluido el primer ministro y el ministro de Defensa. Según la fuente, la comisión documentó con numerosas evidencias las atrocidades del Ejército israelí tras los ataques de Hamás contra Israel.

Por esas posturas, Pillay ha sido acusada de parcialidad. Ante esas críticas, siempre ha invitado a quienes las formulan a señalar qué parte de sus investigaciones es errónea, algo que, según el texto, no ha ocurrido. Aunque hoy está más lejos de los focos, sigue apoyando iniciativas de derechos humanos y organizaciones vinculadas a la justicia y la igualdad, sobre todo en Sudáfrica.