Juntas directivas del Estado suman 231 puestos y dietas de hasta $1,200 por reunión

Treinta y una instituciones, entre entidades descentralizadas, organismos reguladores, empresas públicas e intermediarios financieros, reúnen 231 puestos en sus juntas directivas. Esas plazas no equivalen a 231 personas, porque un mismo nombre puede aparecer en varias directivas. Saber quién ocupa cada cargo y cuánto cobra no es sencillo, ya que la información está repartida entre leyes, reglamentos, actas y documentos presupuestarios, aunque la normativa de transparencia obliga a publicarla.

Las entidades descentralizadas concentran 107 puestos. Ampyme tiene la junta más numerosa, con 16 integrantes, seguida del Inadeh y la Caja de Seguro Social, con 12 cada una. Los organismos reguladores suman 25 puestos en cuatro entidades, y las empresas públicas, 66 puestos en diez. Los intermediarios financieros aportan otros 33 cargos en cinco instituciones.

Las dietas no son uniformes. Algunas entidades pagan $100 por reunión, mientras que otras llegan a $500, $750 y hasta $1,000. La Autoridad Nacional de la Descentralización cobra $100 por sesión, con un límite de $1,000 al mes. La CSS reconoce $100 por junta directiva, $30 por comisiones permanentes y un máximo mensual de $1,200. La Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (Egesa) paga $750 por cada reunión, y su directiva puede sesionar hasta 12 veces al año, aunque en la práctica se reúne entre ocho y diez veces. Etesa, Banco Nacional y Caja de Ahorros también han documentado pagos de $750 por sesión. El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha pagado $1,000 por reunión, y la Autoridad del Canal de Panamá oscila en $1,200 por encuentro.

El Ministerio de Economía y Finanzas fijó en el Presupuesto General del Estado de 2026 un tope general de $500 mensuales para dietas de juntas directivas, juntas asesoras y comisiones. El pago solo procede cuando la ley de cada entidad lo contempla, y las dietas no pueden modificarse durante la vigencia fiscal. El proyecto de presupuesto de 2027 mantiene ese límite, pero algunas leyes orgánicas fijan reglas distintas, por lo que los $500 no son un techo absoluto. Para ese año, el proyecto contempla alrededor de $5 millones para dietas en el sector público, y una buena parte corresponde a juntas directivas.

La estructura también alcanza a varios ministros. Julio Moltó, de Comercio e Industrias, integra la directiva de Etesa y ocupa la secretaría de Egesa. José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal, y Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, forman parte de la junta de la Autoridad Marítima de Panamá, y Icaza preside además la de la Autoridad del Canal. La hoja de vida de Ventura Vega, presentada al ser designado ministro de Educación, registraba su participación en varias juntas. El contralor Anel Flores también aparece en varias directivas, en algunas solo con derecho a voz.

El diputado independiente Luis Duke sostiene que las dietas deberían pagarse solo a quienes no reciben salario fijo del Estado, y cuestiona que se paguen montos de $750 o $1,200 cuando un funcionario se traslada de una oficina pública a otra para asistir a la sesión. Duke calculó que el Estado destina unos $5.1 millones al año a dietas, y propone revisar el mecanismo desde el presupuesto o mediante una ley que las regule, como el proyecto del diputado Jorge González, jefe de bancada de Vamos. En 2020, la Procuraduría de la Administración advirtió que Panamá carece de una ley marco para regular las juntas directivas de las entidades descentralizadas, y concluyó que pertenecer al sector público o privado no genera, por sí solo, un conflicto de intereses.