Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado
Maritza Ureña fue detenida en San Miguelito como parte de la Operación Tamías, con una presunta lesión económica de al menos $428,000.
La Fiscalía Superior Anticorrupción aprehendió a Maritza Ureña, quien se desempeñó como subdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2019 y 2024. La captura se produjo en el marco de la Operación Tamías y por dos delitos: contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, y contra el orden económico, específicamente blanqueo de capitales.
Según el Ministerio Público, la investigación establece una presunta lesión económica de al menos $428,000. Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.
La aprehensión ocurrió en el sector de Cerro Viento, en San Miguelito. Allí los investigadores ubicaron indicios relacionados con el caso, según la información oficial.
El expediente tiene su origen en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en mayo de 2026. A partir de ese documento, la investigación penal se abrió en agosto del mismo año. De acuerdo con el Ministerio Público, el informe llevó a adoptar medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria, luego de que el análisis detectara una diferencia entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo determinarse.
El enriquecimiento injustificado se refiere, en términos generales, a un aumento del patrimonio de un funcionario que no puede explicarse con sus ingresos legítimos. El blanqueo de capitales consiste en dar apariencia de origen lícito a fondos de procedencia ilícita. Que el caso involucre a una exfuncionaria de la DGI, la entidad encargada de recaudar los impuestos en el país, le da un peso particular dentro de la fiscalización de los recursos públicos.
Ureña será puesta a órdenes de las autoridades judiciales competentes. En las audiencias correspondientes se determinarán las medidas que apliquen dentro del proceso, conforme a las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.
